Las cuatro empresas privadas que tienen a su encargo el cobro del servicio de suministro de agua en esta capital obtienen ganancias bimestrales por 92 millones de pesos, aseguró la secretaria de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Aleida Alavez, quien pidió cancelar los contratos, y destinar el dinero que se les paga a la creación de un área en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) para realice esta tarea, en apego al Código Fiscal.

De acuerdo con la diputada del PRD, las empresas que realizan esa tarea desde hace años, a las cuales el gobierno de la ciudad les amplió el contrato, son: Servicios de Agua Potable (Sapsa), en la que participan los grupos Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Banamex y la compañía francesa Generales Des Eaux (Vivendi), que opera en las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Tecnología y Servicios de Agua (Tecsa), integrada por Bancomer, Bufete Industrial, la compañía francesa Lyonnaise Des Eaux-Dumex (SUEZ-Ondeo Services) y la compañía británica Anglian Water, que miden, facturan y cobran el líquido en las demarcaciones con mayor rezago social: Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Industrias del Agua de la Ciudad de México (Iacmex), conformada por empresarios de Monterrey y por la compañía británica Severn Trent, que realiza los cobros en Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán. Y Agua de México (AMSA), en la que están grupo Gutsa y la compañía británica North West Water International, que se encarga de Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

La perredista Aleida Alavez afirmó que esas firmas “cobran ilegalmente la cuota fija para uso doméstico y uso mixto con base en el número de viviendas y locales que se suministran de la misma toma, a pesar de que el artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal mandata aplicar los cobros por toma de agua.

No queremos pensar que las empresas violan el Código Fiscal con el consentimiento del Sistema de Aguas, dijo la diputada, quien recordó que el SACM no ha dado respuesta a la solicitud de la ALDF de instalar una mesa de trabajo para analizar estas irregularidades que afectan a miles de contribuyentes.

Por último, dijo que las cuatro empresas cobran, en promedio, 40 pesos bimestrales por boleta, y de un padrón de 2 millones 300 mil usuarios cada dos meses obtienen por la emisión de las boletas ganancias por 92 millones de pesos, que bien podrían destinarse para la operación de un órgano dependiente del SACM que realice esa labor.