unas horas de haber sido detenido por elementos federales en el aeropuerto de Toluca, el ex directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Moreno Díaz, acusado de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 292 pesos, fue liberado la madrugada de ayer, luego de que una juez en el Distrito Federal decidió no dar por cumplida la orden de aprehensión en su contra, por considerar que seguía vigente un amparo emitido por un juzgado de Monterrey. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo en un comunicado que el citado amparo había quedado sin efecto desde antes de la captura, por lo que no existía motivo legal que impidiera detenerlo, y anunció que impugnará la liberación de Moreno Díaz para que enfrente el proceso penal por el delito que cometió.

Con independencia de los vericuetos legales y de la viabilidad jurídica de que la PGR logre la reaprehensión del ex funcionario, el hecho de que éste haya sido liberado a unas horas de su captura constituye un nuevo fracaso de esa dependencia, la coloca en una nueva sima de descrédito frente a la población, y alimenta el escepticismo ciudadano ante las autoridades federales de procuración de justicia, que en otras ocasiones han quedado exhibidas por su deficiencia en la integración de acusaciones y expedientes, por la irregularidad en que suelen llevarse a cabo las aprehensiones y por su papel de gestoras de revanchas y golpeteos contra opositores políticos.

En el caso que se comenta, ese descrédito es justificado si se toma en cuenta que el ex funcionario liberado ayer arrastra un largo historial de acusaciones por corrupción: desde 1998, Moreno Díaz –quien entonces se desempeñaba como coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE– había sido inhabilitado como servidor público por diversas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones; sin embargo, permaneció en su cargo. Posteriormente, en 2000, fue presentada ante la PGR una denuncia en contra de Moreno Díaz y otros funcionarios de la CFE por un quebranto de 16.2 millones de pesos, pero las investigaciones correspondientes determinaron que no era responsable, y permaneció en su puesto. Dos años más tarde, el ex directivo de la CFE fue acusado por diversos ilícitos contra la paraestatal por el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, al que por entonces pertenecían los actuales titulares de Gobernación, Francisco Blake, y del Ejecutivo federal, Felipe Calderón. En ese mismo año, sin embargo, Moreno Díaz fue ascendido a la Subdirección de Generación de la CFE y, posteriormente, a la Dirección de Operaciones de la paraestatal, en 2007, bajo la gestión de Alfredo Elías Ayub.

Fue necesario que en una corte de Estados Unidos se demostrara que Moreno Díaz aceptó millonarios sobornos de una empresa trasnacional –entre los que se incluyen un auto de lujo y un yate– a cambio de contratos en la CFE, para que el funcionario solicitara licencia a su cargo y la PGR atendiera las inveteradas acusaciones de corrupción en su contra e iniciara las pesquisas correspondientes.

En más de una ocasión, ante los episodios de excarcelación de personajes impugnados y de presuntos infractores de la ley, el presidente Felipe Calderón ha señalado ineficiencia e incluso corrupción en el Poder Judicial. Tales dichos resultan improcedentes por partida triple: porque no es propio del titular de uno de los poderes de la Unión denostar en abstracto a los representantes de otro; porque, al no señalar casos concretos, las acusaciones se quedan en el terreno de la insinuación, y porque con afirmaciones como ésas pareciera que el jefe del Ejecutivo quiere eludir responsabilidad por la conducta cuando menos errática, omisa y descuidada con que se ha conducido el Ministerio Público en episodios como éste, lo mismo en administraciones pasadas que en la actual.

La deriva que acusa en la hora presente la procuración e impartición de justicia constituye un lastre fundamental para las perspectivas de un restablecimiento pleno del estado de derecho en el país, y eso no podrá corregirse mientras los responsables continúen culpando a otros ante la evidencia de su propia incapacidad.