la economía mundial le falta oxígeno. Los amagos, aunque fuesen de una leve recuperación, no cristalizan. El escenario de un crecimiento débil por lo menos en los siguientes dos años, y que algunos vislumbraban apenas hace poco tiempo, parece hoy muy optimista. Una nueva recesión no puede descartarse.

Por supuesto que el entorno es de gran incertidumbre. Y eso mismo contribuye a que la demanda, o sea, el gasto de consumo e inversión, se mantenga baja, que los bancos no den crédito y que las deudas se hagan cada vez más inseguras. Así se provoca falta de liquidez, el mismo fenómeno que ya en 2008 desató la crisis y sus secuelas.

La fragilidad no es sólo económica, sino que se advierte igualmente en las disputas políticas que se concentran ahora en la gestión de los déficit públicos. Ahí se ubica de modo ostensible el conflicto actual entre el Estado y el mercado. La política tiende a convertirse en un acicate de la crisis y no en un factor que contribuya a superarla. Este es un pésimo acomodo de las cosas.

El centro de la crisis está en los países más desarrollados: Estados Unidos y la Unión Europea, pero se extiende con rapidez al resto de las economías.

Será cada vez más difícil para aquellas llamadas emergentes sostener una expansión autónoma y basada en el mercado interno. Aun China, cuyo crecimiento ha sido vertiginoso, enfrentará límites. Brasil ya está ajustando sus políticas públicas.

Las condiciones restrictivas no podrán aislarse en el marco de las relaciones comerciales y de financiamiento que se han establecido por la globalización del capital.

El caso de México es muy evidente en este plano. La interrelación con la economía estadunidense es muy fuerte. A pesar de que en los años recientes se ha definido una cierta estabilidad financiera, el producto crece en promedio a tasas muy bajas para cubrir las necesidades sociales.

Es en este entorno de dependencia en el que se diseñan y se aplican las políticas fiscal y monetaria. Cuando aquella economía crecía a las tasas históricas promedio no alcanzaba para jalar el nivel de actividad económica en México por encima de 3 por ciento anual, también en promedio. En el caso de una disminución del crecimiento allá, la expectativa aquí será necesariamente más reducida.

Los datos del desempeño de la economía estadunidense siguen siendo negativos. El viernes pasado se anunció la creación de empleos en agosto y el incremento fue nulo. El sector privado creó 17 mil plazas de trabajo, mientras el gobierno canceló el mismo número.

De tal manera que aunque se crean condiciones para que las empresas empleen más gente –sin elevar las tasas de impuestos y con tasas de interés muy bajas–, no responde.

Aún así la controversia sobre el gasto público para estimular la demanda está secuestrada por el ala ideológicamente más radical de la derecha del Partido Republicano, que ha puesto en el margen al gobierno. El gobernador de Texas, Rick Perry, ha dicho que acusaría de traición al presidente de la Reserva Federal en caso de que aplicara un nuevo programa monetario de estímulo.

Este es el marco en el que habría que situar la estabilidad financiera de México. Esta es precaria. Por un lado no promueve el crecimiento y, por el otro, puede ser poco resistente ante una nueva recesión.

Se ha convertido en un fin en sí misma. Sobre todo en la parte monetaria, en la que impera el control de la inflación por parte del banco central, pero sin los estímulos requeridos para reforzar el mercado interno y la productividad.

La estabilidad, para que sea productiva, requiere también un sistema financiero bien ordenado y diferenciado, que atienda a distintos segmentos de la población, de las empresas, las regiones y los mercados locales.

La estructura financiera en México quedó marcada por la preponderancia de los bancos extranjeros luego de la crisis de 1995. La regulación financiera que hoy está cambiando de modo significativo a escala internacional puede, de aplicarse sin los criterios de diferenciación necesarios, impactar de modo adverso los canales del crédito y contribuir, así, a que el ajuste restrictivo sea aún más grande.

La discusión en el país debería situarse, me parece, en las condiciones que de manera prácticamente inmediata alterarán el funcionamiento de la economía y la pondrán de nuevo en una situación muy complicada.

La alerta ya está lanzada. Las estimaciones del crecimiento para los dos años siguientes se han ajustado ya a la baja, llegan ahora hasta una tasa de 2.9 por ciento, que puede incluso ser alta.

La rigidez de los responsables de las políticas públicas puede convertirse en un riesgo y no ser una virtud, tal y como conciben la forma en que se ha provocado la estabilidad y los efectos que ha tenido.