l igual que Hosni Mubarak, en Egipto, y Muammar Kadafi, en Libia, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hace gala de reflejos autoritarios al culpar a las redes sociales de los problemas en lugar de atender las raíces del descontento social. La suspensión de servicios de Internet en Egipto y Libia fue uno de los indicadores más claros de que ambos gobiernos se encontraban ya en la antesala de la derrota por los rebeldes. El encarcelamiento de la periodista Maruchi Bravo y el ciudadano Gilberto Martínez por supuestos actos de terrorismo en la utilización de sus cuentas de Twitter y Facebook podría tener efectos similares, al detonar un amplio repudio social tanto nacional como internacional hacia el gobernador.

Bravo y Martínez evidentemente cometieron un acto de irresponsabilidad al esparcir un rumor que resultó ser falso: Confirmo en la Esc. Jorge Arroyo de la Col. Carranza se llevaron cinco niños, grupo armado, sicosis total en la zona. Pero no existe el menor indicio de que estos ciudadanos lo hubieran hecho con el fin de generar temor o zozobra entre la población, sino todo lo contrario. Al enterarse de esta noticia, por medio de amigos y familiares para ellos confiables, quisieron realizar una labor social alertando a sus cercanos para que pudieran auxiliar a sus hijos. Prueba de ello es que mandaron la información desde sus cuentas personales y nunca intentaron disimular sus identidades.

La circulación de los mensajes detonó una amplia preocupación entre usuarios de Internet e hizo que los padres de familia se desplazaran inmediatamente a rescatar a sus hijos. Si bien se interrumpieron tanto la jornada laboral de los padres como el día escolar de los niños, nadie se lastimó ni se generó zozobra generalizada en la sociedad veracruzana, la mayor parte de la cual ni siquiera tiene acceso a Internet. En todo caso, la sicosis que sí se manifestó no se debe a la circulación de un par de mensajes en las redes sociales, sino al contexto generalizado de temor que existe en la sociedad veracruzana por el fracaso y la irresponsabilidad de las autoridades en materia de seguridad pública.

Sin embargo, en una acción inédita, absurda y reprobable, la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) ha decidido castigar al mensajero y acusó a Bravo y Martínez de ser terroristas, ya que supuestamente realizaron actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población... para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación (Código Penal de Veracruz, artículo 311). La idea de que los internautas hubieran agredido directamente a personas, cosas o servicios al público fue tan ridícula que hasta la juez Beatriz Rivera tuvo que reclasificar el delito como de terrorismo equiparado a la hora de dictar el auto de formal prisión el miércoles pasado.

Lamentablemente, esta modificación no cambia en absoluto el destino de los acusados, ya que la sanción para este delito resulta ser exactamente la misma que para el terrorismo genérico: hasta 30 años de cárcel y multa de 750 días de salario mínimo. Así mismo, la juez simultáneamente dictó auto de formal prisión a los acusados por el delito de sabotaje, lo cual podría agregar hasta 20 años de prisión y una multa de 150 días de salario mínimo adicionales a la sentencia.

Pero la ley indica que la AVI tendrá que demostrar que Bravo y Martínez no solamente difundieron los mensajes, sino que buscaron intencionalmente simular que estaban ocurriendo los hechos referidos. Asimismo, tendría que comprobar que existió dolo, es decir, la plena intención de perturbar la paz pública de parte de los acusados. Es claro que jurídicamente el caso no tiene pies ni cabeza. Pero políticamente sirve al gobernador para dar la imagen de mano dura y también para ejercer control sobre la información que se difunda sobre Veracruz.

Nos encontramos entonces ante un abierto desafío a la libertad de expresión y el estado de derecho. Duarte atestiguó en carne propia la fuerza que han llegado a tener las redes sociales y busca desesperadamente cerrar la llave de la comunicación ciudadana. Desde su punto de vista, Twitter y Facebook deberían funcionar como cualquier medio local subordinado que se dedica a enaltecer al gobernador y se limita a transmitir información previamente aprobada por las autoridades o la delincuencia organizada.

Con el caso de Bravo y Martínez se pone en juego nada menos que nuestra convivencia democrática, así como la vigencia del derecho a la información consagrado en el artículo sexto constitucional. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Artículo 19 ya han emitido fuertes reclamos al respecto y medios internacionales como Los Ángeles Times, McClatchy, Associated Press y Global Voices han puesto luz sobre estos preocupantes hechos. Sin embargo, con pocas excepciones y de manera inexplicable, la mayoría de los medios y comentaristas en nuestro país han desdeñado la noticia. Urge que la sociedad se solidarice con la causa de los #tuiterosterroristas y levante la voz en contra del recrudecimiento del autoritarismo en México.

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