El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reanudará sus movilizaciones con una nueva caravana al sureste, donde la violencia coexiste con la pobreza, con las agresiones a los indígenas, los abusos contra migrantes y la creciente presencia del narcotráfico.

Casi tres meses después de la primera marcha emprendida desde Cuernavaca, Morelos, el escenario no ha mejorado, la espiral de violencia obliga a manejar ya cifras de 50 mil muertos y el discurso gubernamental persiste en la estrategia militarizada.

La etapa de la movilización social ha cambiado porque también ha aumentado la intensidad de la violencia, no se ha detenido. Lo que pasó en el casino Royale desató una reacción oficial que ha dotado de mayor agresividad a su discurso belicista como única vía para resolver el problema de la violencia y nos enteramos de un mayor grado de injerencia de los aparatos de inteligencia estadunidenses, advierte el historiador y activista Pietro Ameglio, para quien el contexto de esta nueva caravana –que comenzará el viernes– es aún más crítico del que prevalecía en junio pasado, cuando el movimiento incursionó en el norte del país.

La salida más fácil que ha encontrado el gobierno es una mayor militarización del país, a pesar de que el saldo es que se vive la etapa más violenta de México desde los tiempos de la Revolución. No hay un solo dato oficial que demuestre que se ha mejorado, al contrario, hay una cerrazón ideológica para modificar la estrategia, ofreciendo una realidad maniquea de una lucha entre buenos y malos, donde se pretende hacer creer que quien ejerza más violencia va ganando, agrega.

Septiembre será clave para el movimiento: la caravana al sur pretende visibilizar la realidad de los estados donde hay más pobreza y existe mayor agresión contra los pueblos indígenas, sus comunidades, sus territorios y el ambiente. Al término habrá un nuevo encuentro con el presidente Felipe Calderón para evaluar las discusiones que se han tenido en las mesas, en tanto el Congreso entrará en una fase decisiva en torno al carácter que tendrá la ley de seguridad nacional y otras reformas legales en seguridad que se pretenden aprobar.

En esta lógica, del saldo que se obtenga se evaluará la ruta a seguir, puntualiza Ameglio, porque si no hay una modificación de la estrategia, no hay una autocrítica de la clase política de lo que sucede y no hay avances concretos de los objetivos del movimiento, no podemos seguir en esta fase de cooperación, porque entonces nos convertiríamos en cómplices de su estrategia. Se tendría que valorar pasar a otra fase, donde la resistencia civil sea la fórmula para oponerse a la política gubernamental.

Apegado a los simbolismos nacionales, el Movimiento por la Paz iniciará su trayecto del Zócalo capitalino a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y posteriormente emprenderá su recorrido rumbo a Morelos y posteriormente a Guerrero, donde la violencia se ha recrudecido. El viaje continuará por Oaxaca, donde, entre otras actividades, se efectuará un encuentro en el albergue para migrantes que coordina el sacerdote católico Alejandro Solalinde.

En Chiapas, se prevén reuniones en la ciudad fronteriza de Tapachula para revisar el problema de los migrantes y con un eventual cruce a Guatemala; en Acteal, donde se celebraría la ceremonia del Grito de Independencia, y en San Cristóbal. El regreso tocará otros puntos de la ruta del migrante: Tabasco y Veracruz, antes de la llegada a la ciudad de México, el 19 de septiembre.

Se ha elegido el 19 de septiembre –subraya Ameglio– por el impacto que tuvieron los sismos en la movilización ciudadana, con un gobierno rebasado frente a la emergencia. En esta lógica el papel de la sociedad civil será importante en momentos de definición, por ejemplo, de la ley de seguridad nacional, que se discutirá en un contexto en que se ha endurecido el discurso belicista, “cuando hemos pasado en unos meses de 40 mil a 50 mil muertos y miles de desaparecidos.

Cómo sociedad civil, ¿hasta donde estamos dispuestos a seguir? La cifra de muertos es gravísima, sostiene. Sin embargo, el avance en las discusiones con el gobierno en las mesas de trabajo, logradas tras la caravana al norte y el encuentro con Calderón, no han fracasado, pero sí están lejos de las expectativas.

No obstante, concluye: septiembre y octubre son decisivos para detener esta guerra, donde el movimiento puede pasar a estrategias de no cooperación y desobediencia civil para detener los efectos más inhumanos de la estrategia gubernamental. Hay que romper la espiral del miedo y la violencia.