Greenpeace y diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos consideraron un avance de la autoridad reconocer la figura de las acciones colectivas en la defensa del medio ambiente, salud o como consumidores.

La publicación en el Diario Oficial del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en los códigos Civil y de Procedimientos Civiles federales, así como las leyes federales de Competencia económica, de Protección al Consumidor, Orgánica del Poder Judicial, General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, aprobado en el Congreso de la Unión el 26 de abril, es un avance en los mecanismos de impartición de justicia, asentaron.

Con dicho marco legal, las comunidades afectadas en su salud, medio ambiente o como consumidores podrán acudir ante tribunales federales para demandar la reparación del daño causado por particulares, puntualizaron en un comunicado conjunto Greenpeace, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes, Litiga Ole y Asociación de Productores Ecologistas Tatexto.