Postergado –según se dijo– por el nuevo embate de la delincuencia registrado en el casino Royale, de Monterrey, finalmente se realizó el encuentro entre representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el gobierno federal, que evidenció dos visiones de una realidad. Corrupción e impunidad preocupantes, lamentables violaciones a los derechos humanos, necesidad de repliegue militar, carencia de un enfoque preventivo, replanteamiento de la estrategia de seguridad y un acuerdo social en la materia, fueron temas esbozados por los universitarios.

En respuesta, el gabinete presidencial abrumó con cifras. El  secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, fue quien rebatió más frontalmente las críticas y definió como una obsesión la política preventiva del presidente Felipe Calderón, antes de hablar de 985 nuevos bachilleratos, 37 por ciento de becas en el nivel medio superior, todo ello para sugerir imprecisiones en el documento de la UNAM en este renglón.

El protocolo por delante

Vendrían luego el secretario de Salud, José Ángel Cordova, para justificar el nuevo enfoque en el tratamiento de las adicciones, y el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, para abundar en miles de espacios comunitarios recuperados para la sociedad, como parte de una política social preventiva.

Con el protocolo por delante, enfatizando que no se pretendía señalar responsables, los universitarios rebatieron la visión oficial de la realidad. No podría negar la pertinencia y exactitud de las cifras del secretario de Educación, pero también hay otras estadísticas que no se pueden negar, y que no voy a citar, que tienen que ver con el número de muertos e indicadores de impunidad que no menciono, no tiene caso, pero donde hay coincidencias porque no han sido refutados; también son datos de la realidad, respondió Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y académico universitario.

Y en esa materia subrayó que otros datos preocupantes de la realidad nacional son los relativos a las cifras de violaciones de garantías individuales, al destacar la necesidad de que el combate a la inseguridad se realice en democracia, para evitar desviaciones en los objetivos. Todo ello antes de enfatizar en la pertinencia de la propuesta universitaria de un pacto social y político en la materia.

En su oportunidad, Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, señaló que es necesario que se ponga mayor énfasis en los sistemas de inteligencia, que se fortalezca el combate al lavado de dinero y que se reconozcan las debilidades institucionales para su fortalecimiento posterior. No se trata –afirmó– de regatear en lo avanzado, sino buscar la manera de consolidarlo y mejorarlo.

Al defender el estudio, elaborado por 88 especialistas nacionales e internacionales, los universitarios enfatizaron en el combate a la corrupción, como lo hizo el ex ombudsman capitalino Luis de la Barreda, quien lamentó que incluso desde las cárceles todavía se pueda delinquir, lo cual sucede sólo por la corrupción en los penales.

Ernesto López Portillo, investigador de la UNAM, enfatizó en evidenciar la desigual capacidad de respuesta de las instituciones federales y locales, para advertir la urgencia de diagnosticar claramente dónde se ha construido realmente instituciones que respondan al desafío del crimen y dónde hay un claro déficit de respuesta institucional.

Si en la parte inicial del diálogo intervinieron los miembros del gabinete social, en la segunda parte asumieron la defensa gubernamental el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la procuradora general de la República, Marisela Morales. El primero reivindicó la transformación tecnológica e institucional de las corporaciones policiacas, al subrayar incluso la participación de universitarios en las mismas.

En esa lógica, explicó la presencia del Ejército, no por las fuerzas federales que han pasado de 6 mil efectivos a 35 mil efectivos en este sexenio, sino por las insuficiencias de las policías estatales y municipales, que deben ser asumidas por las fuerzas armadas.

Por su parte, la procuradora Marisela Morales abundó en el proceso de renovación de la Procuraduría General de la República y en el involucramiento –según dijo– de la sociedad, por medio del consejo asesor, en el reclutamiento del nuevo personal de la dependencia. Sin embargo, dijo, es necesario que exista mayor participación social que permita hacer frente a la situación actual entre la sociedad y el gobierno federal.

Así, con dos discursos, se esbozaron realidades distintas de un mismo país, sin mayores acuerdos que mantener el diálogo para mantener la búsqueda de soluciones al grave problema de la inseguridad.