Monterrey NL, 9 de septiembre. La crisis de inseguridad que enfrenta Nuevo León, y el país en su conjunto, no debe ser aprovechada por intereses políticos o partidistas; al contrario, necesitamos la unidad de todos los sectores para combatir la criminalidad, aseguró Javier Treviño Cantú, secretario de Gobierno estatal, al referirse a las manifestaciones del fin de semana donde se pidió la renuncia del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, y del gobernador, Rodrigo Medina.

Sostuvo que el gobierno de la entidad está contra la operación de casinos, por lo que confió en que el Congreso local apruebe la propuesta del gobernador –enviada hace unos días– en ese sentido.

El gobierno del estado rechaza la presencia de casinos en la entidad. El paquete de iniciativas que enviamos al Congreso del estado refleja el repudio, el rechazo de la gente de Nuevo León a los casinos. No queremos ni un casino más, y esperamos que esto se refleje en el Congreso (local) mediante la aprobación de ese paquete legislativo.

Asimismo, exigió a la Secretaría de Gobernación (SG) transparencia en lo referente a la aprobación de este tipo de negocios. Esto con la idea de que podamos saber exactamente qué establecimientos operan con permiso y cuáles en la ilegalidad; quiénes son los dueños y quiénes están detrás.

Treviño Cantú exhortó al dueño del casino Royale –sitio que fue escenario de un incendio provocado por integrantes del crimen organizado que dejó un saldo de más de 50 personas muertas– a presentarse ante las autoridades ministeriales para agilizar las investigaciones del atentado. Esto porque el empresario ha argumentado que no ha acudido a rendir su declaración debido a que teme que no se le otorguen las garantías requeridas para salvaguardar su integridad.

Sin duda se puede garantizar su seguridad y esperemos que cumpla con la orden de presentación; es importante para continuar con las investigaciones.

A su vez, el líder de la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León, Hernán Salinas Wolberg, responsabilizó al presidente nacional del PRI, Huberto Moreira Valdés, de la filtración de los videos que captan al hermano del alcalde de Monterrey recibiendo dinero en el casino Red, con el propósito de desviar la atención de los escándalos de corrupción en Coahuila y desprestigiar al blanquiazul en el contexto de las elecciones de 2012.

Es suspicaz que justo en ese momento, cuando las primeras planas a nivel nacional señalaban la corrupción de ese gobierno (de Coahuila), su endeudamiento y el cuestionable manejo de las finanzas por parte de Moreira, se den a conocer los videos, manifestó.

Destacó que su partido emplazó al gobernador Rodrigo Medina a enviar propuestas para renovar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, por las cuestionables sentencias de sus integrantes, que suspendieron las clausuras realizadas por los alcaldes panistas Mauricio Fernández y Fernando Larrazabal.

Al exigir celeridad en la investigación de Jonás Larrazabal, hermano del alcalde, solicitó se cite de inmediato a declarar al priísta Sergio Gil, quien aparece como dueño del casino Red y es autor intelectual de esos videos. No queremos que se dé carpetazo a las investigaciones que involucran a Jonás Larrazabal, señaló.

El vocero de seguridad, Jorge Domene, dio a conocer que Miguel Ángel Barraza Escamilla, policía estatal acusado de trabajar como halcón para el grupo criminal que atacó el casino Royale, fue trasladado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada a la ciudad de México.

Sobre la indagatoria abierta por los pagos que recibió Jonás Larrazabal, señaló que la procuraduría podría citar a declarar al secretario de Desarrollo Humano de Monterrey, Miguel Ángel García, y al propietario del casino, Sergio Gil, ya que ambos aparecen en los videos.