Los ciudadanos que obtuvieron la protección de la justicia federal contra el decreto de área de valor ambiental (AVA) de la Barranca de Tarango buscarán que el gobierno capitalino les pague el dinero que invirtieron en abogados, el cual calculan en alrededor de 6 millones de pesos.

Tras conocer la declaración de la consejera jurídica, Leticia Bonifaz, de que el GDF podría emitir otro decreto sobre sus propiedades, Amparo Suárez, una de las propietarias que obtuvieran la protección de la justicia federal, advirtió: Vamos a exigir nuestros derechos, ya se lo expresamos a la señora Bonifaz. No estamos dispuestos a perder estos terrenos. Sabemos que pueden actuar autoritariamente.

Antonio Hernández, de inmobiliaria Águila Real, calificó la declaración de presión de la señora decretazo.

Ambos dueños advierten que la derogación del decreto publicado el 22 de julio de 2009 no fue concesión de la autoridad, sino resultado de un mandato judicial.

No nos hicieron un favor. Les ganamos un amparo y el juez exigió la derogación. En las sentencias se fija el pago de gastos. Hay que revisarlo, pero estamos en la postura de exigir que nos repongan ese dinero. Cuando se emi- tió el decreto las autoridades conocían que en esta zona hay propiedad privada, abundó Hernández.

“La consejera dijo que cuando se derogara el decreto ‘los planetas se alinearían’. Ojalá esa frase tenga sentido. Hace muchos años compramos los terrenos y ahora resulta que somos dueños del pulmón de la ciudad. Pues el pulmón tiene dueño y queremos un acuerdo con el gobierno”, advirtió Suárez.