a seguridad pública, que es para cuidar la vida y la propiedad de los mexicanos, fue convertida por Carlos Salinas de Gortari en seguridad nacional. De entonces a la fecha, y siguiendo puntualmente los deseos de Washington (desde Reagan en 1986), se ha involucrado a las fuerzas castrenses en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A cambio, y esto no fue invento de Calderón, se ha aumentado el presupuesto de las fuerzas armadas permanentes, además de adquirir nuevo armamento.

Fue también con Salinas que se formó, en 1989, el gabinete de seguridad, con la participación de los militares. Vicente Fox le dio carta legal a dicho gabinete en abril de 2003. En aquel entonces lo integraban los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y de la Contraloría, así como el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien fungía como secretario ejecutivo. En la actualidad, por lo que leo en los periódicos, está compuesto por los mismos secretarios salvo los de Hacienda y Contraloría, y no es frecuente que se mencione al Cisen, cuyo papel ha sido sustituido, desde agosto de 2010, por Alejandro Poiré en calidad de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

La diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional salta a la vista, así como la sustitución de las fuerzas policiacas por las fuerzas militares. Pero si no es obvio, bastará decir que en la primera no hay argumentos para que participen soldados ni marinos, en tanto que en la segunda, tratándose de la seguridad interior, podría justificarse la intervención de los militares, ya que este tipo de seguridad está contemplada en la Ley Orgánica del Ejército y de la Marina. Esta maniobra conceptual fue deslizada poco a poco, primero poniendo militares o ex militares al mando de diversas policías (que en México no es un fenómeno nuevo), luego prestando miles de militares para integrar la Policía Federal Preventiva, y finalmente sustituyendo la intervención policiaca por la militar so pretexto de que ésta es coadyuvante de la anterior (lo cual ha sido una absoluta falsedad desde que el Ejército invadió la zona zapatista en Chiapas en 1995 sin ninguna base legal).

Con Calderón, la transmutación de lo civil en militar ha llegado a extremos inaceptables. Es tan grave la situación, incluso para instituciones antiguamente respetadas como el Ejército y la Armada, que se ha usado a éstas como policía preventiva y hasta ministerial, violando no sólo las leyes de las fuerzas armadas permanentes sino la Constitución de la República y el Código Penal Federal. La ilegalidad de la actuación de los militares en tareas que no les corresponden se demuestra también con un dato por demás simple: la iniciativa calderonista de la Ley de Seguridad Nacional supone dotar de legalidad las acciones de soldados y marinos en la absurda estrategia contra la delincuencia organizada. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Tal vez no todo mundo lo sepa o lo recuerde, pero esta estrategia que han estado siguiendo los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tiene sus antecedentes en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos para América Latina (1995). Se trata de que los ejércitos de la región latinoamericana garanticen la seguridad interior en cada país, incluso asumiendo atribuciones policiacas en contra del narcotráfico y del crimen organizado, contrainsurgencia y, de paso, de represión de movimientos sociales que puedan desestabilizar la pax americana y debilitar la hegemonía de la potencia del norte al sur de su frontera. La idea ha sido que los ejércitos puedan convertirse en fuerzas de ocupación en regiones del país sin necesidad de que el Ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la Unión, pueda establecer zonas de excepción o decretar un estado de sitio. De aquí el interés de haber convertido la seguridad pública en seguridad nacional.

Se argumenta que esto se debe a la fuerza adquirida por el crimen organizado y que no se le puede ceder parte del territorio, como parece que ha estado ocurriendo en varios estados de la República. La paradoja es que conforme aumenta la acción militar aumenta la del crimen organizado, éste potenciado. Peor aún: entre más se descabezan grupos de delincuentes más cabezas surgen peleando por los territorios dejados por los poderosos y ahora defenestrados capos de las mafias. Antes eran éstos, los meros meros, los que se encargaban del control de su ilícito negocio, ahora son segundones los que ocupan su lugar, más otros formados por ex militares y ex policías. El resultado es que lo que quiso ser gobernabilidad, por usar la fuerza y no el entendimiento y la razón, se ha convertido en ingobernabilidad. El caos es lo que reina en el país y la luz al final del túnel está fundida.

Hay libros y cientos de artículos que critican y explican lo que ha estado pasando en relación con el narcotráfico y la guerra del señor de Los Pinos. Hay diálogos con los oídos sordos de Calderón, incluso institucionales como las propuestas de la UNAM. La respuesta del gobernante es la misma: así seguiremos hasta el último día de mi mandato. Interesaría saber por qué en esos diálogos de Chapultepec, en los que Calderón se ha rodeado por sus empleados del Consejo de Seguridad Nacional, han estado ausentes los secretarios de Defensa y de Marina y, en cambio, han estado los de Educación, Salud y otros que nada tienen que ver con el tema. ¿Los generales y los almirantes no tendrían que oír y opinar sobre lo que les han planteado los interlocutores de Calderón en el castillo? Para mí es evidente que de haber estado hubieran dicho algo más inteligente que el consumo de tabaco y cocaína ha disminuido (Córdova), lo cual es absolutamente irrelevante frente a 50 mil muertos y otros miles de desaparecidos.

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