El presidente Felipe Calderón afirmó que la transparencia del quehacer gubernamental no atenta contra la seguridad ni la estabilidad del país, sino la opacidad y sus hijas: la corrupción y la impunidad.

El Ejecutivo instruyó a los miembros de su gobierno a no establecer reserva a la información ni litigar las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. Dijo que la transparencia no sólo debe darse en el gobierno federal, sino también en estados y municipios, e inclusive en los poderes Legislativo y Judicial.

Habló de avances en el tema durante su gestión y, sin mencionar explícitamente el caso del gobierno de Coahuila, dijo que en el manejo de las finanzas públicas, la administración federal está sujeta a reglas de absoluta transparencia, bajo las cuales sería impensable que el gobierno contrajera una deuda y reportara otra, o que simulara un trámite para contraer una deuda. Eso, en el gobierno federal, simple y sencillamente es imposible.

Al inaugurar la octava Semana Nacional de Transparencia, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Calderón señaló: imaginen el trastorno que causaríamos al país si verdaderamente yo dijera que la deuda en este momento es la total del gobierno, de 32 por ciento del PIB, y resulta que es tres o cuatro veces mayor. Sería imperdonable por parte de los mexicanos.

Otro ejemplo de apertura –dijo– es la “deuda de Pemex, y no sólo la deuda, sino también los pasivos laborales (…) que antes no se transparentaban. Incluso, ni las contingencias ni los pasivos se conocían; ni siquiera hacia adentro de todo el gobierno, sólo lo sabían los funcionarios que manejaban con cierta prestidigitación –hay que decirlo así– espacios”.

Afirmó que su gobierno ha abierto también temas de la política social para cerrar espacios al uso político o clientelar de los programas sociales, ya que la opacidad en su manejo no sólo favorece la corrupción, sino también la ineficiencia y la desigualdad. Pero como criminales sin escrúpulos han usado los padrones de los beneficiarios de esos programas, planteó la necesidad de encontrar una fórmula que concilie la transparencia y la seguridad.

Sobre ese punto, coincidió con Jacqueline Peschard, presidenta del Ifai, en que se debe diseñar con mucha claridad la frontera entre la transparencia y la seguridad, tras solicitar a los funcionarios públicos no invocar reservas en automático ni litigar las resoluciones de ese instituto. No creo que la transparencia atente contra la seguridad. Al contrario, la opacidad y sus hijas: la corrupción y la impunidad, atentan contra la seguridad, contra el interés nacional, contra la estabilidad del país.

Peschard planteó que la transparencia y el acceso a la información son condiciones necesarias e indispensables para la construcción de ciudadanía. Es inconcebible un Estado fuerte sin una sociedad organizada, participativa y vigilante, capaz de someter a un puntual escrutinio a los poderes públicos.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como funcionarios del Ejecutivo federal, Peschard indicó que urge construir una auténtica política de Estado en la materia, en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes públicos, para que la transparencia y rendición de cuentas sean parte integral del desempeño gubernamental.