El director general de la Lotería Nacional (LN), Benjamín González Roaro, manifestó su desacuerdo en recibir el mismo tratamiento en materia fiscal que los centros de apuestas y casinos, y se pronunció por una mejor regulación a esos centros de entretenimiento.

El funcionario pidió a las autoridades competentes un trato equitativo debido a que la LN no puede pagar el mismo impuesto especial que devengan los centros de apuesta particulares, pues éstos regresan un porcentaje menor en premios y no destinan recursos a la Asistencia Pública. Además, dijo, la LN no es un establecimiento que venda alcohol o presente espectáculos.

En la presentación del libro Los caminos del azar, sobre la ludopatía –conducta descontrolada en relación con los juegos de azar o las apuestas– y la historia del juego en el mundo, González Roaro alertó que México enfrenta un nuevo reto de salud pública que requerirá de nuevas acciones de prevención y atención especializada a quienes padecen el trastorno.

María Elena Medina-Mora, directora general del Instituto Nacional de Siquiatría de la Secretaría de Salud, señaló que los casinos tienen la responsabilidad de identificar a las personas con problemas de adicción al juego y que, como en otras naciones, deberían asumir una corresponsabilidad en su tratamiento.

Apuntó que la Secretaría de Salud trabaja en un diagnóstico para determinar la prevalencia del trastorno en la población mexicana, aunque adelantó que así como se ha observado que el incremento en el consumo de sustancias se da en adolescentes, la ludopatía empieza con mayor frecuencia en mujeres de edad media.

Respecto del nivel económico, dijo que han atendido a personas de todas las clases sociales y que su hipótesis es que a la gente con menos recursos le impacta más; es decir, hay más juego en quien tiene más dinero pero más impacto en quien menos tiene.

José Iturriaga, autor del libro, señaló que México, un país en desarrollo, necesita tener la oferta de esos centros; sin embargo, la regulación que tenemos dista mucho de ser la adecuada para que se eviten los problemas sociales que traen aparejados esos sitios.

A finales de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que la LN debe pagar el impuesto especial sobre producción y servicios, equivalente a 30 por ciento de las percepciones totales que obtiene por juegos de azar que organiza.