El director general adjunto de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Ricardo Aparicio, aclaró que 83.5 por ciento de los niños mexicanos –es decir, 33.3 millones– viven en situación de pobreza o son vulnerables por padecer algún tipo de carencia.

Las consecuencias de lo anterior, añadió por su parte la especialista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), María Nieves Rico, es la transmisión intergeneracional de la pobreza, lo que tiene un impacto en la gobernabilidad del país, en el desarrollo económico, social y cultural, además de los efectos particulares en el ámbito físico y emocional de esos niños.

En el segundo y último día de trabajos del primer Encuentro Regional de Indicadores sobre Infancia y Adolescencia, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Aparicio indicó, no obstante, que no está demostrado científicamente el vínculo entre gobernabilidad y pobreza.

Hay países que tienen mucha pobreza y no tienen problemas de gobernabilidad, y hay otros que no tienen tanta pobreza pero sí problemas de gobernabilidad; creo que los vínculos no están tan estudiados, es un tema que requiere profundizar mucho su análisis.

En su intervención, presentó algunos de los resultados del reciente informe del Coneval en esta materia, vinculados a la población infantil. Reiteró que hay 21.4 millones de infantes en pobreza multidimensional (53.8 por ciento), más nueve millones de infantes vulnerables por carencia social (22.5 por ciento) y otros 2.9 millones que son vulnerables por el ingreso (7.2 por ciento).

Los niños tienen mayores carencias que el resto de la población, ya que la incidencia de la pobreza es mayor entre la niñez, con 53.8 por ciento, contra 46.2 por ciento del registro nacional.

La OACNUDH pide aplicar su metodología

En relación con lo anterior, María Nieves Rico manifestó que se podría plantear un abanico de consecuencias negativas en los distintos ámbitos, más allá del incumplimiento de los derechos humanos, lo que ya hablaría bastante mal de nuestros países.

Sin embargo, este tipo de diagnósticos, además de permitir hacer un llamado de atención, deben conducir a la implementación de políticas y a una asignación presupuestaria pertinente en aras de lograr progresivamente los objetivos de mayor igualdad, equidad, respeto a los derechos humanos y crecimiento económico, consideró.

Junto con Ernesto Espíndola, recordó algunos de los resultados del más reciente informe de Unicef con los de la Cepal en cuanto a pobreza infantil en América Latina y el Caribe: en la región hay 33.6 millones de niños en hogares indigentes, de los cuales casi 11 millones están entre recien nacidos y seis años. Los pequeños extremadamente pobres ascienden a 32.2 millones.

El 30.5 por ciento de los menores indígenas enfrentan privaciones severas, mientras que la cifra para los niños afrodescendientes es de 25 por ciento.

Por su parte, Mila Paspalanova, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), señaló que se promueve que los países adopten la aplicación de la metodología de dicho organismo en materia de indicadores, porque éstos tienen que reflejar el contenido normativo de los derechos.

Así, cuestionó que, por ejemplo, se reporte cuántas computadoras tienen las escuelas y no se informe si éstas reciben energía. Tampoco se dice si los niños que fueron repatriados necesitaban visa humanitaria o cuántos terminaron repatriados y, sin embargo, eran víctimas de trata.