n días pasados, el director de una empresa trasnacional llamó a la representación de sus trabajadores para informarle que separaría de su empleo a alrededor del cuarenta por ciento del personal a su servicio; la razón que esgrimió fue que sus competidores utilizaban crecientemente personal subcontratado, generando una reducción en sus costos de producción, en virtud de que los trabajadores tenían salarios sensiblemente menores, carecían de prestaciones y de estabilidad laboral, incluso, que buena parte de ellos no estaban protegidos por la seguridad social, añadiendo que con las condiciones actuales no podía seguir operando, ya que existía un diferencial en los precios de venta que ponían en riesgo la compañía; así es la competencia, les dijo.

El fenómeno de la subcontratación crece día con día, empujando a la baja los salarios y la protección social, por ello, en ciertos sectores las condiciones de la mano de obra es cada vez más precaria. En el mercado laboral se afirma: eres un trabajador caro, porque hay otros que cobran menos que tú; nada importa si el salario es insuficiente para cubrir necesidades básicas. Reclamar mejores salarios se considera un atentado contra la empresa y una exigencia indebida; los gobiernos se encargan de aplicar los topes salariales y de convencer a los trabajadores a renunciar a sus derechos adquiridos. Reconocer que la Carta Magna contempla el derecho a un salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, se considera un despropósito o un ideal que sólo los ingenuos reclaman.

Con esta dinámica, día con día se va minando la calidad de vida de la población; por ello, recientemente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo informó que México fue el único país entre las llamadas economías emergentes donde los salarios decrecieron durante el año 2010. También por esto, la mayor parte de los empleos, cuya creación presume el gobierno, son de carácter temporal y carentes de prestaciones superiores a los mínimos de ley.

Los trabajadores, cada vez más angustiados, hacen esfuerzos sobrehumanos para buscar formas de subsistencia. Algunos con mayor capacidad económica, apuestan todo a la educación de sus hijos, esperando que no sufran lo que ellos han padecido, pensando que así tendrán mejores posibilidades de vida, trabajo, y obviamente, ingresos más altos. El problema es que 7 de cada 10 desempleados en nuestro país se ubican en el estrato medio superior. Nuestro estimado lector seguramente lo confirmará en su realidad, ¿cuántos de sus familiares están en la búsqueda de empleo y lo que obtienen cuando mejor les va es una contratación precaria? El drama es imaginar a donde vamos a parar con esta dinámica.

Paul Krugman, prestigiado economista de la Universidad de Princeton, ha advertido sobre los riesgos de confiar demasiado en que un alto nivel de formación profesional traerá necesariamente consigo la obtención de un buen empleo. En su artículo Degrees and dollars publicado en New York edition, señala que la tecnología está sustituyendo crecientemente la demanda de trabajadores de alto nivel educativo, advierte que en el futuro crecerán cada vez más las actividades operativas como choferes y vigilantes, generándose un comportamiento en el mercado de trabajo muy diferente al esperado en los diagnósticos gubernamentales. No niega la importancia de la educación; sin embargo, advierte que es necesaria una nueva construcción social, subraya la necesidad para la sociedad estadunidense de recuperar el poder de la negociación colectiva perdida en los últimos 30 años para obtener mejores salarios, y al mismo tiempo, garantizar derechos esenciales para todos los ciudadanos, particularmente el de la salud.

La reflexión de Krugman es de gran actualidad para nuestro país, sobre todo cuando estuvimos, y podemos estar aún, en el grave riesgo de aceptar una reforma laboral que pretende abaratar aún más el costo del despido, destruir la estabilidad e incrementar el control laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), coincidiendo con la perspectiva de Krugman, ha venido planteando en todo el mundo la necesidad de implementar una estrategia para estandarizar condiciones de empleo que eviten la competencia entre trabajadores por el valor de su fuerza de trabajo y generar nuevas condiciones enmarcadas en el diálogo social, con la negociación colectiva como eje estratégico.

Proponer seriamente en el país el fortalecimiento de la negociación colectiva, no limitada a un centro de trabajo, sino por rama de industria y cadena productiva, implica una transformación integral de nuestro modelo laboral construido bajo esquemas de simulación, cuya expresión más acabada son los llamados contratos colectivos de protección patronal que abarcan más de 90 por ciento de los centros de trabajo en el país, documentos en los que no participan los trabajadores. También implica, una transformación del sindicalismo, incluyendo una buena parte del sector independiente, con el fin de cumplir de manera democrática y responsable con sus tareas de representación y defensa, con perspectiva de largo plazo, de cara a sus afiliados y frente a la sociedad. Precisamente, el diálogo social como coadyuvante en el diseño de políticas públicas, tiene la misión de responder a las necesidades de los grupos carentes de protección. En nuestro país, el creciente sector informal debe ser incluido en las estrategias sindicales.

Un buen inicio para recuperar el valor de la contratación colectiva es que el gobierno suscriba el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; ratificarlo es una exigencia que debe cumplir frente a la comunidad internacional, pero sobre todo, frente a la población.