on las modificaciones que se anunciaron ayer en el gabinete presidencial –la salida de Ernesto Cordero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su sustitución por José Antonio Meade, hasta ayer titular de Energía; la dimisión de José Ángel Córdova a la Secretaría de Salud y el arribo a esa dependencia de Salomón Chertorivski; el nombramiento de Alejandro Poiré como nuevo director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y el traspaso de la vocería de la Estrategia Nacional de Seguridad a la oficina de prensa de la Presidencia de la República, que encabeza Alejandra Sota– la administración calderonista ratifica su escasez de cuadros de relevo y, acaso más grave, se muestra dispuesta a supeditar las tareas de la administración pública federal a la lógica y los tiempos electorales.

La permanencia de Ernesto Cordero al frente de la SHCP fue cuestionada luego de que el ex funcionario anunció sus intenciones de contender por la candidatura panista a la Presidencia en mayo pasado; desde entonces, distintos sectores de la oposición política y de su propio partido le pidieron que renunciara al cargo por considerar, entre otras cosas, que su doble condición de virtual precandidato y de funcionario gubernamental podría entorpecer el proceso de discusión sobre el paquete económico para el año entrante. Ante tales críticas, la dimisión del ex secretario, un día después de entregar al Congreso el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, puede interpretarse como parte de un afán por no someterlo al desgaste político que le habría supuesto la negociación del plan económico, y por apuntalar, de esa manera, su eventual candidatura presidencial.

Por otra parte, resulta significativo que para remplazar a José Ángel Córdova –quien fue referido por Calderón como uno de los mejores secretarios de Salud del mundo–, el Ejecutivo haya elegido a un personaje carente de formación médica, como Salomón Chertorivski, en lo que implica un giro relevante en el perfil de los titulares de esa dependencia en al menos la década reciente. A ello se suma el arribo al Cisen de Alejandro Poiré, quien pasa de ejercer funciones de comunicación social a encabezar el principal órgano de inteligencia del Estado mexicano: uno y otro movimientos representan una concepción por lo menos cuestionable de la política de salud y de las tareas de inteligencia y, en el caso particular del primero, una continuidad en el encumbramiento de la visión tecnócrata en rubros estratégicos para cualquier Estado, como es la salud de la población.

Son atendibles, por lo demás, las advertencias hechas ayer por legisladores, quienes pidieron que el arribo de Poiré al Cisen no se traduzca en el uso de ese organismo para hostigar a adversarios políticos, sobre todo cuando ha desatendido sus tareas fundamentales (alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas a la seguridad nacional) para erigirse en instancia de espionaje de los gobiernos en turno.

En lo que toca al nombramiento de Alejandra Sota como vocera de la Estrategia Nacional de Seguridad, parece aventurado –por decir lo menos– entregar dicha responsabilidad a una funcionaria que, en el tiempo que ha encabezado la oficina de prensa de la Presidencia, se ha caracterizado por conducir la comunicación entre ésta y algunos medios informativos a una virtual desaparición.

En suma, la nueva cascada de relevos y dimisiones en el gabinete calderonista confirma el extravío que priva en el seno de la actual administración, la cual ha sufrido más de una veintena de cambios en sus filas en cinco años y ha padecido, en consecuencia, deterioro en la interacción con otros actores políticos y sociales relevantes, así como falta de rumbo en distintos ámbitos de su quehacer. En esta circunstancia, cabe cuestionar la afirmación formulada por Felipe Calderón de que su gobierno cerrará a tambor batiente, pues todo parece indicar –y en política, forma es fondo– que la presente administración se enfila a su último tramo en una circunstancia de desgaste y disminución institucional, y que su atención está centrada no en la conclusión decorosa de sus funciones, sino en el proceso sucesorio del año entrante.