Las autoridades de Nuevo León deben investigar si Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, cometió extorsión en el casino Red. Donde hay duda, denuncia o hecho que se señala como presunta responsabilidad de extorsión, la autoridad local debe integrar las pruebas y resolver. Si hay culpabilidad, con todo el rigor de la ley que se sancione, si no, que se aclare, afirmó el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.

Anunció que la Secretaría de Gobernación (SG) pretende sacar de circulación los negocios o giros que operan la modalidad de juegos de destreza y habilidad y que por lo mismo no están regulados por la dependencia.

No consideramos que una máquina no deba regularse. Son irregulares y vamos a trabajar para poder establecer orden que va hasta la clausura y sacarlas de circulación, advirtió.

Según el funcionario, si la industria del juego va a operar en el país debe hacerlo con todas las de la ley y se pretende lograr una regulación integral, de tal manera que si las autoridades municipales deben actuar al respecto, lo hagan en colaboración con Gobernación o la Secretaría de Hacienda.

Recordó que hay 27 permisionarios múltiples registrados, los cuales tienen derecho a operar 561 establecimientos, pero a la fecha sólo están autorizados 306 de éstos y otros lo hacen de manera irregular porque lograron una suspensión administrativa o amparo judicial.

Necesitamos mejorar la regulación normativa. Mientras, vamos a seguir con las inspecciones y a actuar con la fuerza de lo que tenemos en la legislación para sacar de circulación los giros que operan la modalidad de destreza y habilidad, puntualizó.

En Monterrey, el edil panista, Fernando Larrazabal Bretón, se reunió ayer en privado con la actual líder estatal de Acción Nacional (PAN), Sandra Pámanes, a fin de conocer su opinión sobre si debe permanecer en el cargo o solicitar licencia como exigió el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul. Hoy dará a conocer su decisión.

Al salir del encuentro, dijo que hay quienes han pretendido lucrar políticamente al relacionar los hechos del casino Royale –donde murieron 52 personas en un incendio provocado por integrantes del grupo delictivo Los Zetas– con los del Red, donde se vio involucrado su hermano Manuel Jonás, quien fue videograbado cuando recibía fajos de billetes, por lo cual está arraigado y se le investiga por cohecho y delincuencia organizada.

Expuso que este golpeteo político podría ser por cuenta de militantes del PAN, y señaló que la separación por 30 días de su secretario de Desarrollo Humano, Miguel García Domínguez, fue una medida que tomó de común acuerdo con el funcionario con licencia, y no por las presiones de dirigentes del blanquiazul.

El dirigente estatal del PRI, Álvaro Ibarra Hinojosa, demandó a Larrazabal que pida licencia al cargo mientras la Procuraduría de Justicia realiza las investigaciones por presuntos hechos de corrupción relacionados con los casinos de la ciudad y porque la consulta que realizó es una burla para los ciudadanos.

El procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, informó que los peritajes para determinar si hubo negligencia por autoridades estatales o municipales en materia de protección civil, o para prestar auxilio en la emergencia del Royale, estarán listos a mediados de la próxima semana.

En otro orden, expuso que un sujeto apodado El Mataperros, señalado como uno de los autores intelectuales del ataque al Royale, ya no estaría en la entidad, por lo que se busca la colaboración de otras autoridades para su búsqueda y detención.

La Secretaría de Trabajo estatal ofreció asesoría legal gratuita a los ex trabajadores de los casinos que han sido clausurados, luego que el jueves ex empleados del casino Winland protestaron porque el propietario se niega a indemnizarlos.

Ayer, personal de Gobernación inició una inspección en los cinco casinos que operan en Morelos para verificar el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos, a fin de garantizar las medidas de seguridad necesarias para funcionar. El subsecretario de Gobierno, Javier Bolaños Aguilar, adelantó que si se detecta que no cumplen con la ley, se procederá a su clausura y a las sanciones correspondientes.