La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, que empezará a funcionar en la primera semana de octubre, tendrá entre su personal a los mismos empleados de la Procuraduría General de la República que operaron programas para estos afectados.

Consultado al respecto, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe Zamora, indicó que la Subprocuraduría de Derechos Humanos trasladará sus programas a la estructura orgánica de la instancia en ciernes.

Aseveró que la nueva procuraduría no intentará suplir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sino que la complementa en las tareas de este ámbito.

No buscamos duplicar funciones de nadie; la procuraduría pretende coordinar mejores acciones, particularmente respecto a la participación de la CNDH y de las comisiones de los estados, dijo.

Ante la preparación de la nueva instancia, el gobierno federal se comprometió a elaborar una lista amplia y detallada de todos los casos de desaparecidos en el contexto de los hechos violentos ocurridos en los últimos años. Pretende también elaborar protocolos de atención a los afectados e impulsar redes de información.

Respecto al traslado de recursos humanos y materiales, comentó: “de entrada se transfieren los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos con que cuentan la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública para atender a las víctimas.

Además, atraerá algunas funciones de Gobernación que actualmente están en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Por su parte, el primer visitador general de la CNDH, Luis García López-Guerrero, advirtió que el órgano de reciente creación podría duplicar funciones con otras instancias similares, ya que fue creado sin definir las competencias de cada uno y sin hacer una labor de reingeniería jurídica y financiera para darle viabilidad.

En entrevista telefónica con La Jornada, señaló que la idea de crear una procuraduría de este tipo es loable, tomando en cuenta que cada año se cometen entre 12 y 15 millones de delitos en el país, y la mayoría de las víctimas han sido objeto del más duro olvido institucional de los servidores públicos.

Explicó que la creación de la nueva procuraduría implica desincorporar las funciones de otras instancias de atención a víctimas, lo que sólo es posible mediante un trabajo completo de reingeniería financiera y jurídica.