l rechazar que la Iniciativa Mérida sea una especie de fracaso, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, informó ayer que ese convenio, firmado por Felipe Calderón y George W. Bush en las postrimerías de la administración del segundo, cuenta con el apoyo del gobierno de Barack Obama, lo calificó como un éxito en muchos aspectos y aseguró que la puesta en marcha del mencionado acuerdo de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha reforzado las capacidades de las dependencias de la ley en México (y) ha proporcionado una mejor coordinación y cooperación entre ambos países.

Tales aseveraciones se producen en respuesta a los señalamientos formulados un día antes por el presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el republicano Connie Mack, quien calificó la Iniciativa Mérida como un fracaso que no ha dado los resultados previstos; destacó que su aplicación ha carecido hasta ahora de fechas concretas, metas tangibles o guías estratégicas; cuestionó los retrasos crónicos y retos de aplicación del presupuesto destinado a las actividades estipuladas en la Iniciativa Mérida y llamó a reconocer la necesidad de una estrategia de contrainsurgencia para combatir los cárteles de la droga que operan en México. Tales críticas fueron secundadas por el también republicano Michael McCaul, de Texas, quien afirmó que los niveles de violencia extrema al sur de la frontera se ajustan totalmente a la noción de terrorismo.

Lo de menos es la inconsecuencia en que incurren los legisladores republicanos al cuestionar un acuerdo diseñado y negociado por sus propios correligionarios durante la pasada administración estadunidense: al fin de cuentas, y sin desconocer que la homologación del narcotráfico con insurgencia y terrorismo es improcedente y riesgosa, las críticas al nulo funcionamiento de la Iniciativa Mérida son acertadas e incuestionables: a juzgar por los resultados obtenidos, la aplicación de ese plan no sólo no ha servido para reducir las actividades de las bandas delictivas que operan en México, sino que ha sido uno de los factores del sostenido deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho; ha llevado a una pérdida de soberanía y de control del Estado en aspectos irrenunciables de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y control del territorio, y ha puesto al gobierno mexicano a trabajar con un socio inconfiable e hipócrita que con una mano orienta, asesora y equipa a las autoridades, y con la otra –la del operativo Rápido y furioso, coordinado por la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego– hace llegar grandes cantidades de armas a los narcotraficantes.

Es grave, por otra parte, que con el citado intercambio declarativo se dé inicio al debate sobre un tema sin duda crucial para la soberanía y la seguridad de nuestro país, pero que se desarrolla fuera del territorio nacional y que tiene como protagonistas a autoridades e instituciones extranjeras. La perspectiva es tanto más desoladora si se toma en cuenta que las opciones defendidas hasta ahora por el gobierno y la oposición estadunidenses plantean una disyuntiva indeseable para nuestro país: la continuidad de un acuerdo ineficaz y violatorio de la soberanía mexicana, como es la Iniciativa Mérida, o su sustitución por un enfoque aun peor, que parte de una visión falaz de los fenómenos delictivos; que da fundamento, en consecuencia, a la criminalización de movimientos y expresiones sociales diversas con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, y que allana el camino para la profundización de los designios injerencistas del vecino país en la formulación de la política de seguridad en México.

En esa circunstancia, resulta paradójico y exasperante que en el Congreso de Estados Unidos se prefigure un discusión en torno al futuro de la Iniciativa Mérida y que no ocurra otro tanto en las instancias legislativas de nuestro país: el fracaso evidente de la estrategia de seguridad en curso y la cerrazón gubernamental para modificarla tendría que involucrar al espectro de fuerzas políticas a discutir por lo menos la conveniencia de un acuerdo de cooperación que ha servido de cobertura para la intromisión de Washington en lo militar, lo policial y la inteligencia, y que ha supuesto una claudicación inadmisible a la soberanía nacional por parte del gobierno en turno.