Jalapa, Ver., 14 septiembre. El 20 de septiembre el Congreso local votará la reforma al Código Penal del estado propuesta por el gobernador Javier Duarte, para tipificar el delito de perturbación del orden público, con el cual se castigará hasta con cuatro años de prisión a quien difunda versiones sobre supuestos actos de violencia con el propósito de crear pánico.

La diputación permanente dio entrada a la propuesta este miércoles y la turnó a comisiones para su estudio y elaboración del dictamen. El presidente de la mesa directiva, Eduardo Andrade Sánchez, convocó a sesión extraordinaria.

La iniciativa adiciona un capítulo al artículo 373 para crear la figura de perturbación del orden público, que se aplicará a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público. Las sanciones serán prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.

El 26 de agosto los cibernautas María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera fueron detenidos y acusados de terrorismo y sabotaje por difundir un día antes en las redes sociales Twitter y Facebook versiones de supuestos ataques de la delincuencia organizada a escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca el Río.

Ambos están presos en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Duarte: debe evitarse el uso malintencionado de medios

En su exposición de motivos el mandatario consideró: “En tiempos recientes se ha apreciado la necesidad de sancionar a quienes perturban el orden público a través de afirmaciones falsas, y es insoslayable responder jurídicamente ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos.

Los medios masivos de comunicación prestan un importante servicio de difusión, información e intercambio de puntos de vista entre millones de personas, pero como cualquier avance tecnológico, son susceptibles de ser empleados de manera malintencionada con el fin de causar daño, indicó.

Andrade dijo que no se trata de penalizar el uso genérico de tales medios ni de criminalizar el uso de cualquier medio de expresión o comunicación, sino la intención aviesa de alterar el orden, la falsedad de la información y la causante efectiva de una perturbación, de la cual dependerá la sanción que deba imponerse.