l martes 13 de septiembre se presentó en El Colegio de México el libro de María Fernanda Somuano Sociedad civil organizada y democracia en México, que examina laboriosamente la trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil entre nosotros, en el último cuarto de siglo. Se trata de un estudio empírico, realizado con base en encuestas, en un detallado análisis estadístico y en la cuidadosa revisión de la literatura especializada. El trabajo de Somuano nos ofrece una visión objetiva, o políticamente incorrecta, como dijo José Antonio Aguilar, uno de los presentadores. La autora parte de la duda. ¿De veras son lo que dicen ser? ¿Escuelas de democracia, vigilantes del gobierno, defensores desinteresados de los derechos civiles y políticos, actores democráticos que construyen democracia?

La primera gran hipótesis de la autora es que la sola existencia de una red de organizaciones civiles no genera por sí sola condiciones propicias para la democracia. Su existencia está marcada por el signo de la contradicción: estas organizaciones surgieron desde finales del siglo XX, en los países democráticos después de 1968 –sobre todo en Alemania–, y en los países autoritarios a partir de los años 80, en un contexto de debilidad institucional. Nacieron investidas de la superioridad moral que derivaba del hecho de que no aspiraban al poder, al menos en principio, sino a constituirse en un contrapoder del Estado. Pero la verdad es que muchas de estas organizaciones han llegado a ejercer tal capacidad de influencia que se cuentan entre los poderosos, y pocos se atreverían a cuestionar la pertenencia a las elites gobernantes de sus más distinguidos dirigentes. Este fenómeno no es general, y en el caso mexicano apunta hacia uno de los efectos más saludables de estas organizaciones: su aparición contribuyó a la pluralización de los actores políticos y a la renovación de las elites.

La expansión de organizaciones privadas y relativamente autónomas, no lucrativas, proveedoras de servicios y subsidiadas por donaciones voluntarias, fue uno de los fenómenos más notables de la transición mexicana. Somuano registra su pasmoso crecimiento, pues entre 1994 y 2008 pasaron de un poco más de 2 mil a un número superior a 11 mil. Las hay en diferentes áreas de la acción social: asistencia social, salud y educación, ambientales y desarrollo social. Esta última incluye derechos humanos y promoción de la democracia, y aunque éstas no son las más numerosas, son las que han tenido mayor visibilidad porque asumieron un papel protagónico durante la transición y, como la autora apunta, no son pocos los que han dado el brinco de estas organizaciones a los partidos políticos y a cargos de elección popular.

Los sismos de 1985 en la ciudad de México fueron un potente catalizador de la formación de este tipo de organizaciones, que surgieron al margen del PRI, menos para poner un límite a la acción estatal que para fortalecer las demandas de los vecinos, sumar esfuerzos e inaugurar un patrón de acción colectiva que rompía con las tradicionales acciones sindicales típicas del corporativismo oficial. Después, las políticas de descentralización y la delegación de responsabilidades del gobierno federal en los gobiernos municipales y locales propiciaron el crecimiento de estas organizaciones.

El trabajo incluye el examen de una muestra selecta y muy diversa de organizaciones tales como Alianza Cívica, Cáritas, Flor de Mazahua, que da prueba de la heterogeneidad del universo de las OSC. No obstante, la mayor aportación de este libro consiste en la medición de la democratización en los estados. Fernanda Somuano recurre al análisis estadístico y construye un Índice de democracia local, cuyos componentes son, por ejemplo, la participación electoral, la alternancia en el Ejecutivo, el número de partidos representado en el Congreso. Al relacionarlo con el Índice de desarrollo humano, muestra la amplia varianza que se registra entre los estados. Los resultados son previsibles: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco son los estados con menos democracia. Ahí el PRI sigue siendo muy fuerte –aunque haya perdido elecciones– y el fraude electoral es una práctica común, al igual que las violaciones a los derechos humanos.

Fernanda Somuano concluye que la densidad organizativa de la sociedad no tiene ningún efecto sobre la democracia en los estados, que las actitudes de los miembros de estas organizaciones no son democráticas y tampoco lo son muchas de estas organizaciones de la sociedad civil. A esta respuesta habría que añadir que no son representativas y que tampoco dan cuenta a nadie de sus presupuestos y de sus gastos. Sin embargo, estas organizaciones lograron ampliar la agenda del debate público, obligaron a la inclusión de temas como la observación electoral o la perspectiva de género. También introdujeron un nuevo patrón de acción colectiva. Ahora, la autoridad delegacional se lo piensa dos veces antes de ampliar una avenida.