Más allá de un giro, de un viraje o de un golpe de timón en materia de seguridad nacional, lo que requiere el país es rapidez en el cumplimiento de los compromisos que las autoridades federal, estatales y municipales adquirieron, particularmente en la depuración de los cuerpos policiales. Desafortunadamente, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a escala local hay una máquina lenta, empantanada.

Miren, si yo pudiera, como secretario de Gobernación, tomar una directriz de imposición respecto de poder acelerar estos procesos, ténganlo por seguro que lo haría. Sin embargo, hay un nivel de competencias en nuestra Constitución y en nuestro país, y el gobernador de un estado no necesariamente en el ámbito de sus competencias obedece, digamos, a una línea o a una dirección rígida del gobierno federal, del Presidente o del secretario de Gobernación, lamentó. Al participar en el Foro de Seguridad Regional, Seguridad Ciudadana y Desarrollo, que promueve el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el que participaron la administradora general de dicho organismo, Helen Clark, y Heraldo Muñoz, director regional del mismo, el secretario Blake Mora convino en que si hoy se dice que en México y en la región se enfrenta al crimen organizado, Latinoamérica y México deben estar triplemente organizados o no sé cuántas veces más organizado que los criminales. Reunidos en el Castillo de Chapultepec, los representantes del PNUD coincidieron en señalar que si bien en Latinoamérica se vive un momento sin precedente en cuanto a estabilidad política y recuperación económica, la violencia y la criminalidad se han constituido en una amenaza para el estado de derecho y las propias democracias.

La paradoja entonces es insoslayable, expresó Heraldo Muñoz, pues si la región representa 9 por ciento de la población mundial, concentra 27 por ciento de los homicidios a escala global, además de que el costo de la violencia es en promedio de cuatro puntos del producto interno bruto, aunque en algunos países, como El Salvador, el costo anual de la criminalidad es equivalente al total de la tributación del país.

En este ejercicio, con el que se parte para el análisis regional que sobre este fenómeno se elaborará en los próximos dos años, Helen Clark, también subsecretaria de Naciones Unidas, comentó que se trata de identificar la posición de cada país sobre la seguridad ciudadana, porque lo vemos como un gran reto para el desarrollo, debido al efecto corrosivo que puede tener en el tejido social, en la cohesión, en los gobiernos democráticos y en todo el progreso y el desarrollo.