esde el sábado pasado, cientos de personas han acampado en los alrededores de Wall Street, donde se ubica la Bolsa de Valores, para protestar contra lo que han denominado la codicia corporativa, en respuesta a una convocatoria lanzada en el ciberespacio por la organización Adbusters. Hasta ayer, muchos permanecían en las inmediaciones del sitio, a pesar de algunos arrestos efectuados por la policía local. Los movimientos ciudadanos de rechazo al modelo político y económico vigente en los países occidentales, impuesto por ellos al resto del mundo, han llegado, así, al corazón del sistema: Wall Street, el distrito financiero neoyorquino que funge como capital de la especulación planetaria, y donde se realiza la mayor parte de las operaciones bursátiles en las que unas cuantas manos juegan con los destinos de países y de poblaciones.

A pesar de la heterogeneidad de las manifestaciones de descontento –desde las violentas revueltas de semanas pasadas en Gran Bretaña hasta el movimiento estudiantil chileno, pasando por la causa de los indignados españoles y por los severos disturbios en la Grecia del ajuste monetario–, todas tienen un denominador común: repudiar el agotamiento de un sistema global que sacrifica el bienestar de las poblaciones en general para maximizar las utilidades de pequeños grupos de accionistas y produce crisis financieras en serie.

Como ha ocurrido en España y en Chile, el descontento económico desemboca con fluidez en una inconformidad ante un modelo político que ha permitido y auspiciado la grotesca concentración de la riqueza en unas cuantas manos y que ha sido capaz de cooptar y desvirtuar los proyectos de transformación social, como ocurrió con el aún gobernante español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien terminó administrando la crisis a favor de los capitales y en detrimento de la sociedad, y con el presidente Barack Obama, quien, discursos y alegatos aparte, no ha sido capaz de concretar una política de contención a la voracidad especuladora ni de impulsar, desde el gobierno, el bienestar social. Los anteriores son sólo dos ejemplos de cómo las democracias clásicas no han podido servir de vehículo para que las demandas y los sentires mayoritarios se conviertan en programas gubernamentales y de cómo las instituciones son puestas, en los hechos, al servicio de minorías ínfimas. De esta forma, los descontentos sociales del momento presente ponen sobre el tapete la carencia de representatividad real de gobiernos y parlamentos y el ejercicio del poder real por parte de fuerzas que ni siquiera aparecen en los escenarios electorales.

Por otra parte, que el malestar de los manifestantes esté más que justificado, y que su diagnóstico de la problemática global sea correcta, no significan en automático que tengan posibilidades reales de alterar el exasperante estado de cosas al que ha llevado al mundo la primacía absoluta de los dividendos por sobre cualquier consideración civilizatoria. En su exhortación a tomar Wall Street, por ejemplo, Adbusters señalaba que 99 por ciento de la gente ya no tolerará la codicia y corrupción del uno por ciento. La estimación se queda corta en sus dos partes: el círculo de los privilegiados por el sistema es menor a uno por ciento, pero parece un exceso de optimismo suponer que el 99 restante vaya a movilizarse por un cambio profundo en las reglas de la economía mundial.

Como quiera, acampadas como la de Wall Street –y la realizada frente a la bolsa de valores de Barcelona, disuelta ayer por los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana– tienen la gran virtud de evidenciar el descontento social que recorre al mundo y de obligar a la opinión pública a mirar de frente la inviabilidad de las reglas económicas y políticas aún vigentes –acuñadas, en lo fundamental, en el siglo XVIII en Europa, bajo la forma de la democracia parlamentaria y del liberalismo económico– y la urgencia de idear y propugnar alternativas que partan del principio de priorizar el bienestar colectivo por sobre el lucro individual y de la aspiración a un ejercicio realmente representativo y participativo del poder político.