El presidente de la comisión especial investigadora del ataque al casino Royale en el Congreso de Nuevo León, Héctor Gutiérrez, advirtió que existen anomalías en la expedición de permisos por parte del municipio de Monterrey y la Secretaría de Gobernación para la operación de la casa de apuestas, de donde se desprende que el ayuntamiento nunca la clausuró totalmente, sino sólo se impidió una ampliación que los dueños intentaron hacer.

El legislador priísta afirmó ayer que, según la información disponible, el dicho del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, sobre que el casino Royale estuvo clausurado es una media verdad. El juicio que señala, y que sirvió de argumento al edil, es con relación a un inmueble adjunto, no es el casino (Royale), que nunca estuvo cerrado, aseguró.

Detalló que el ayuntamiento regio otorgó a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, en septiembre de 2007, un permiso para operar el casino en la avenida San Jerónimo número 205, donde se ubicaba el Royale. En tanto, la ampliación y la clausura se determinó respecto del número 307 de la misma avenida.

Añadió que las fotos de la clausura y el acta circunstanciada que obran en el expediente se refieren a la calle Jesús María González, que era por donde entraban los materiales para ampliar el casino.

Mientras, Esteban Salinas Wolberg, juez federal de Monterrey, rechazó que exista alguna causa legal para declararse impedido de conocer del caso de un amparo que solicitó Jonás Larrazabal, hermano del alcalde panista.

El juzgador es hermano del coordinador de la bancada panista en el Congreso de Nuevo León, Hernán Salinas, lo que provocó sospechas luego de que los abogados del consanguíneo del edil regiomontano maniobraron para que ese amparo fuera asignado forzosamente al juzgado primero de distrito, a cargo de Salinas.

No obstante, el mismo juez anunció que dejará de hacerse cargo de una parte del amparo promovido por Larrazabal, y dio vista a la Procuraduría General de la República ante la posible existencia de un delito, porque los abogados de Larrazabal no le informaron que previamente presentaron otra demanda de amparo similar ante otro juez distinto.

El Consejo de la Judicatura Federal explicó que las demandas de amparo serán del conocimiento de dos jueces distintos. Una impugna actos de autoridades locales, incluida la orden de arraigo contra Larrazabal. Ésa será enviada al juzgado tercero de distrito en materia penal, donde se tramitó el primer amparo, mientras la parte relacionada con posibles actos de autoridades federales seguirá en el juzgado primero.