La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió sus sesiones de pleno de este martes y jueves próximos, así como el trabajo de la primera y segunda salas, con la finalidad de que los ministros se aboquen al estudio de los proyectos de dictamen elaborados por Fernando Franco sobre las acciones de inconstitucionalidad que se refieren al derecho a la vida desde la concepción.

El pleno agendó para el lunes 26 de septiembre la difusión de las acciones presentadas en contra de las reformas a las Constituciones de Baja California y San Luis Potosí que prácticamente suprimen el aborto, el uso de anticonceptivos y la fecundación in vitro.

El proyecto de Franco plantea invalidar las reformas referidas, con el argumento de que la Constitución no establece la garantía debida desde el momento de la concepción y que la persona se convierte en tal al momento de nacer.

Por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, la de Baja California que presentó la Procuraduría de Derechos Humanos de esa entidad y la de San Luis Potosí por la misma vía legislativa, se requieren ocho votos para invalidar los artículos impugnados; de no alcanzarse ese número, la norma sigue vigente.

En tanto, a 21 años de una batalla constante de diversas organizaciones de mujeres para la legalización del aborto, se han logrado avances, pero también surgió una ofensiva en contra.

En el Distrito Federal se aprobó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas, pero se inició una andanada contra la despenalización del aborto para impedir reformas constitucionales en diversos estados, según afirmó el Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres.

Previo al Día Internacional de la Lucha por la Despenalización del Aborto –28 de septiembre–, la organización expuso que a la fecha se han reformado las constituciones locales en 18 estados para penalizar y criminalizar los legrados. Muchas mujeres son encarceladas acusadas de homicidio en razón de parentesco, no se respetan sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el de la salud, pues no hay que olvidar que la suspensión del embarazo es una de las principales causas de muerte.

El Estado sigue simulando que respeta los derechos de las mujeres, pero se mantiene omiso e indiferente ante los cientos de casos de encarcelamiento por aborto. Los proyectos de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas, en relación con las acciones de inconstitucionalidad en Baja California Sur y San Luis Potosí, son una acción de defensa de los derechos de las mujeres.

El fallo favorable de la SCJN representaría la liberación inmediata de las mujeres presas en varias entidades por abortar, así como el acceso y garantía del derecho a la salud, y de los derechos sexuales y reproductivos.

La organización insistió en que el derecho al aborto se fundamenta en la reivindicación de la autodeterminación de las mujeres. Es un derecho inalienable de conciencia, autonomía, libertad y ejercicio de vida. Prohibir a las mujeres tomar decisiones sobre procesos reproductivos que se llevan a cabo en sus cuerpos es un retroceso que deja de lado avances culturales, científicos, legales, políticos, de salud pública y justicia social para las mujeres.

Destacaron que a partir del día 28 llevarán a cabo una campaña nacional para denunciar la acción y omisión de servidores, funcionarios e instituciones públicos que han mermado los derechos de las mujeres desde 2008, y exigieron el respeto al Estado laico.

En conferencia de prensa, Rocío Gálvez de Lara y Jorge Serrano Limón, directivos del Comité Nacional Pro Vida, anunciaron el inicio de una campaña para impedir que avance el proyecto del ministro Fernando González Salas. A partir de este miércoles colocarán un espectacular en el kilómetro 46 de la carretera México-Querétaro, en el que se manifiestan en contra del aborto, y continuarán con manifestaciones frente a la SCJN.