Durante el sexenio de Felipe Calderón, las agresiones contra comunicadores se han incrementado en 300 por ciento con respecto a la anterior administración, ya que en 2003 se registraron 73 ataques y en 2009 la cifra llegó a 244, con un nivel de impunidad de 97 por ciento y una actuación prácticamente nula de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Así lo advirtió la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), asociación civil que inició de manera formal sus actividades con la realización del seminario Leyes y mecanismos de protección para el ejercicio del periodismo en las entidades del país, que concluye hoy en el Palacio de la Autonomía, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Omar Raúl Martínez, presidente de la CDP, afirmó en la inauguración del encuentro que los comunicadores mexicanos enfrentan una deplorable realidad de indefensión, censura e intimidación por parte de los grupos del crimen organizado y de los poderes político y económico.

La organización, creada con apoyo del Gobierno del Distrito Federal, surgió con el objetivo de proteger a los periodistas en situación de vulnerabilidad, impulsar el derecho a la información y promover de manera colegiada el desarrollo profesional de los comunicadores y las reformas legislativas a favor del gremio, explicó.

En un video de presentación de sus actividades, la CDP lamentó que el Estado mexicano no haya hecho lo suficiente para defender el trabajo y la seguridad de los periodistas, quienes viven presos de la indefensión y el acoso, lo cual los ha orillado en muchos casos a la autocensura.

Ante dicho panorama, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas –dependiente de la Procuraduría General de la República– ha tenido un desempeño insuficiente, y sólo ha tendido cortinas de humo para ocultar la gravedad del fenómeno, señaló.

El subsecretario de Gobierno de la administración capitalina, Juan José García Ochoa, anunció que en el Distrito Federal se está diseñando un mecanismo de protección para periodistas, realizado con base en los diagnósticos hechos en 2008 y 2009 sobre este tema.

Este esquema –que estaría listo en aproximadamente un mes– incluye protocolos de actuación para investigar las agresiones contra comunicadores, tomando siempre en cuenta la línea de investigación del trabajo periodístico como móvil de los ataques, y hasta el momento ya ha dado lugar a 20 averiguaciones previas, tres declaratorias de protección y el ejercicio de una acción penal, detalló.

Por otra parte, García informó que las investigaciones por el asesinato de las reporteras Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, ocurrido el pasado priimero de septiembre, ya tiene avances importantes, y la Procuraduría capitalina podría hacer anuncios al respecto en los próximos días.

Las indagatorias sobre el tema se desarrollan sobre cuatro líneas, incluidas las del feminicidio y la represalia por su trabajo periodístico, y a pesar de la gravedad del caso, el funcionario consideró que en la ciudad de México no hay una vulnerabilidad sistemática del periodismo.