La reforma a la Ley de Amparo que se dictamina en la Cámara de Senadores y que se pretende aprobar en breve, contiene disposiciones autoritarias que vulneran derechos consagrados en la Constitución, advirtió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Tomás Torres.

Reveló que el proyecto de dictamen de Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, incluye ordenamientos regresivos y que, en caso de aprobarse, nulificarían los avances logrados en la reciente reforma sobre derechos humanos.

Explicó que han recibido presiones para que esa norma, que de hecho es una nueva Ley de Amparo, se apruebe antes del 8 de octubre, pero la bancada del PRD no la avalará si no se pone énfasis en el respeto a la integridad de las personas en actos de autoridad.

Los puntos más preocupantes, dijo, son los relacionados con el amparo contra actos policiacos y del Ministerio Público, sobre todo por la desaparición del procedimiento para garantizar la integridad de detenidos, evitar confesiones coaccionadas y declaraciones inducidas de testigos protegidos, lo que tiene que ver con desapariciones forzadas, incomunicación y deportaciones, en detenciones que no tienen control por la autoridad judicial.

El dictamen, detalló, se aprobó en lo general el jueves pasado, pero sólo como parte de un acuerdo político con PRI y PAN, ya que todos los artículos están reservados. La probación en lo general fue sólo para decir que estamos en el acuerdo de estudiar el dictamen, pero si quieren convalidar instituciones autoritarias, con nosotros no van a contar.

Uno de los artículos más cuestionados, precisó el senador Torres, es el 15, que se refiere a la presentación del amparo para detenidos o cuando se trate de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión.

Si alguien está detenido, se establece que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo dictará medidas para salvaguardar su integridad y lograr su comparecencia, pero de no encontrar al quejoso, dará vista al Ministerio Público. Pero el quejoso puede estar en el Campo Militar o trasladado de México a Tijuana y en realidad no hay garantías de que sea localizado, y en el dictamen de la nueva ley se prevé que de no encontrarlo, se desecha de plano.

La ley actual, explicó, ordena que un juez federal debe decretar medidas para lograr la comparecencia del solicitante. De lo contrario, ¿para qué queremos Poder Judicial federal y para qué queremos amparo?

Torres reveló que en el análisis del dictamen han participado representantes del gobierno, de la Suprema Corte, “algunos abogados que no tienen chamba, y los proyectos se han ido cambiando mañosamente.