Si existe congruencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros deben declarar inconstitucionales las reformas realizadas en las leyes locales de Baja California y San Luis Potosí que protegen la vida desde el momento de la concepción, subrayó César Astudillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista, el investigador –quien ha especializado su estudio en temas relacionados con la SCJN y con los derechos fundamentales– aseveró que los ministros deben actuar en consecuencia con la resolución de agosto de 2008 de la propia Corte, cuando declaró constitucionales las reformas legislativas en el Distrito Federal que despenalizaron el aborto.

Si bien es cierto que las reformas en la capital del país son permisivas y las de Baja California y San Luis Potosí son prohibitivas, se trata de casos sustancialmente parecidos; si los ministros son consecuentes deben resolver por la inconstitucionalidad y echar abajo las reformas (que penalizan el aborto en esas entidades).

Señaló que las modificaciones en constituciones de 18 estados que penalizan la interrupción del embarazo sólo fueron una respuesta política a los avances en la materia que se presentaron en el Distrito Federal.

Astudillo indicó que el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas –que se discutirá a partir de este lunes– garantiza el cumplimiento de los tratados internacionales, de la Constitución y, sobre todo, protege un derecho que por mucho tiempo ha sido arrebatado a las mujeres: el de la libre determinación sobre su cuerpo.

Así, la Corte debe ponderar que en esta materia sean las propias mujeres las que decidan, no los legisladores, agregó.

“La intención es que los derechos de las mujeres tengan un aumento histórico que no han tenido en México. Hoy en día no gozan de un conjunto de garantías y libertades que les están reconocidos en el ámbito internacional, y el proyecto del ministro va en esa dirección.

¿Qué vale más, la voluntad del legislador para dictar reglas de lo que cree moralmente correcto o la protección a la voluntad de las personas? Los derechos y las libertades tienen mayor garantía en la medida en que la clase política y los poderes tengan la menor injerencia.

El especialista recordó que al tratarse de una acción de inconstitucionalidad, se requiere de al menos ocho votos en favor del proyecto para echar abajo las leyes locales que penalizan el aborto. No obstante, una cosa es la claridad del dictamen de Franco y otra la posibilidad de que se vote por éste.

Lourdes Enríquez, colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, coincidió en que el documento de Franco se apega a las convenciones internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Si bien para la investigadora hay elementos suficientes para declarar inconstitucionales ambas reformas locales, no está del todo confiada en que así ocurrirá, ya que hay algunos ministros muy conservadores.

Aseveró que las reformas antiaborto en 18 entidades del país representan violencia institucional contra el género femenino.

Hay muchas mujeres encarceladas por estas modificaciones legislativas; por ejemplo, en Guanajuato hay 30 muchachas presas que están sujetas a proceso acusadas de homicidio agravado en razón de parentesco, y creemos que la mayoría de los casos no tiene que ver con el hecho de que hayan matado a un hijo, sino por abortos.

También están los casos de las que tras haber sido atendidas en un hospital por complicaciones o desangramientos por haber recurrido a un aborto inseguro, son denunciadas por médicos y van a la cárcel. Esto es lo que dejan esas reformas: le dan armas a un sistema gubernamental conservador para violentar a las mujeres.