El tema de fondo que se discutirá mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es si los congresos locales tienen facultad para legislar en sentido contrario a lo que plantea el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no en qué momento empieza la vida, señalaron organizaciones sociales que manifestaron su apoyo al dictamen elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas.

Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), afirmó: me pareció importante el tono en que salió el documento del ministro Franco. Ya vemos manifestaciones de la derecha para tratar de presionar y manipular las conciencias de ministros y ministras. Esperamos que pese a esto los togados se apeguen a lo que han venido diciendo respecto a la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad.

Elsa Conde, miembro del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, también expresó confianza en que el pleno apoyará el proyecto de Franco González Salas.

En el centro está el tema de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo el de la maternidad libre y voluntaria. Consideramos que estas reformas penalizan no sólo a las mujeres que están por la interrupción de un embarazo no planeado, sino incluso a aquellas que desean embarazarse, pues su postura es tan radical que ni siquiera considera que se pueda legislar la reproducción asistida, y es contraria a los derechos plasmados en el artículo cuarto constitucional sobre la determinación de cada pareja, hombre o mujer para decidir el número y espaciamiento de sus hijos.

Conde, ex legisladora federal, subrayó que en los últimos dos años se ha dado una rearticulación del movimiento feminista en el país, lo que ha permitido construir una estrategia muy clara de defensa de los derechos de las mujeres con maniobras legales contundentes, como las acciones de inconstitucionalidad de las reformas antiaborto.

“Hay una rearticulación que vale la pena destacar porque desde que se iniciaron estas contrarreformas en los estados estuvimos como Pacto por la Vida saliendo cada mes a denunciar a las representaciones de los gobiernos donde se fueron realizando esos cambios.

El Pacto por la Vida agrupa a organizaciones de mujeres provenientes de sindicatos, partidos políticos, universidades, etcétera, apuntó.

En torno a las modificaciones antiaborto promovidas en Baja California y San Luis Potosí, Consuelo Mejía consideró que dichas reformas limitan el acceso de las mujeres al aborto, ponen su salud y vida en riesgo y generan un ambiente de persecución y estigma hacia quienes deciden interrumpir el embarazo.

Apuntó que si los ministros avalan que dichos cambios a las constituciones locales violentan los derechos de las mujeres se sentará un precedente importante.

La directora de CDD recordó que el 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, por lo cual junto a otras organizaciones realizan diversas actividades.

El jueves pasado presentaron el documental Expedientes, que muestra las fallas en la justicia. Mejía agregó que, en Latinoamérica, Cuba, Guyana y Puerto Rico tienen despenalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación.

Por último, Elsa Conde se refirió a las expresiones que grupos de derecha han manifestado en torno a la discusión del lunes: la cuestión es que hay una visión que se quiere imponer sobre otra, sin respetar que estamos en un Estado laico y sin tomar en cuenta que tienen que caber todas las posiciones que hay sobre el tema de la vida.