Por irregularidades en sus reportes de gastos ordinarios de 2010, el Instituto Federal Electoral (IFE) sancionará a los partidos políticos por un monto global de 66 millones de pesos, de los cuales 26.7 corresponderán al Revolucionario Institucional (PRI) –que incurrió en mayores anomalías en el informe obligatorio anual–, 14.6 al de la Revolución Democrática (PRD) y 9.7 a Acción Nacional (PAN). Las multas están condicionadas a que las apruebe el Consejo General, que hoy sesiona.

Por otro lado, a punto de cumplirse un año de que el Registro Federal de Electores (RFE) ha estado bajo la gestión de sucesivos encargados de despacho, por fin el consejero presidente, Leonardo Valdés, pudo obtener el respaldo para designar director ejecutivo, que será Víctor Manuel Guerra Ortiz, doctor en matemáticas por la Universidad Rice.

La trayectoria de Guerra Ortiz incluye haber sido coordinador del Programa de Resultados Preliminares del IFE en las tres primeras elecciones organizadas por el instituto totalmente ciudadanizado: 1997, 2000 y 2003.

La designación de Guerra será por unanimidad, después del frustrado nombramiento de Manuel Mendoza tras registrarse un empate en la sesión del 25 de agosto pasado.

El próximo titular del RFE fue responsable del desarrollo de la red de cómputo académico de la UNAM de 1989 a 1996.

También fue responsable de la introducción de Internet en México y encabezó los trabajos de la creación del primer centro de supercómputo en Latinoamérica en 1991, entre otros cargos.

El consenso alcanzado entre los consejeros para completar el área ejecutiva se da apenas 11 días antes de que arranque formalmente el proceso electoral, y logra subsanar una decisión que virtualmente dividió al IFE.

Desde que se pidió la renuncia a Alberto Alonso y Coria –hace un año–, la designación de sustituto ha atravesado por un camino tortuoso y virtualmente precipitó las diferencias entre los consejeros electorales.

En este proceso, el consejero presidente tuvo que designar tres encargados de despacho: Enrique Rojas, que cubrió entre octubre y junio pasados; Sergio Bernal, quien estuvo un par de meses, y José Luis Rodríguez Herrera, quien estará en el cargo hasta este martes.

En esta ocasión, Valdés modificó el método y el procesamiento, lo que le permitió obtener el respaldo de todos los consejeros, incluidos Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo, quienes impidieron la designación de Mendoza.

Durante la sesión también se aprobarán los dictámenes de la unidad de fiscalización relacionados con los informes de gastos ordinarios de los partidos políticos del 2010.

En esta ocasión, el monto total de sanciones que impondrá el instituto asciende a 66 millones de pesos por irregularidades administrativas detectadas y que no pudieron ser subsanadas por los partidos políticos.

Errores en el manejo de cuentas bancarias, omisiones en los reportes anuales e inconsistencias administrativas fueron, de manera global, el conjunto de irregularidades detectadas.

Las sanciones que serían aplicables –además de las de PRI, PRD y PAN– son a Convergencia o Movimiento Ciudadano, por 6.3 millones de pesos; al Partido del Trabajo, por 5.2; a Nueva Alianza, por 2.2, y al PVEM, por 1.4.