La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó anoche una reforma al Código Penal y a la Ley Federal contra el Secuestro, por la cual se castigará con prisión vitalicia a quienes cometan los delitos de privación ilegal de la libertad, violación tumultuaria y homicidio doloso. El principal argumento de PRI, PAN y PVEM en favor del cambio fue que, en medio de la crisis de seguridad alarmante, el sistema de reinserción social de reos ha fracasado.

De lo que se trata es ya no reinsertar al reo a la sociedad, sino proteger a la sociedad para que el reo no vuelva a vulnerar los intereses colectivos. En nuestros conceptos, la pena es menor al daño causado por la comisión del delito, señaló el presidente del órgano legislativo, Humberto Benítez Treviño (PRI), ex procurador general de la República en el último tramo del sexenio de Carlos Salinas.

Durante casi dos horas, diputados de todas las bancadas debatieron sobre la figura de prisión vitalicia. En contra sólo hablaron Carolina Viggiano (PRI), así como Enoé Uranga y Pedro Vázquez González (PT), quienes coincidieron en que la reforma viola el artículo 18 de la Constitución, el cual señala que el sistema carcelario debe contar con medios para la reinserción social, procurando que el sentenciado no vuelva a delinquir.

Vázquez y Uranga señalaron que se trata de la imposición de la pena de muerte, al condenar a las personas a no salir nunca de la cárcel. El petista indicó que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría impugnar los cambios, porque se contraponen con la reforma constitucional en esa materia.

El coordinador de la bancada del PT calificó de irracional la reforma, porque va contra el sistema de reinserción social”. Dijo que, en la práctica, el sistema de acumulación de penas en materia de secuestro permite a los jueces imponer sanciones prácticamente vitalicias. Estamos combatiendo la violencia con más violencia, alertó.

Uranga sostuvo que el sistema judicial no es de venganzas, porque si así fuera, la pena que se imponga a un hombre que participó en una violación tumultuaria no sería suficiente con la cadena perpetua. Lo que se quiere aprobar es aplicar una pena de muerte a plazos y la renuncia del Estado a la readaptación social.

Carolina Viggiano afirmó que la respuesta a la violencia no puede ser la de una política de odio. Dijo que la pena máxima vigente para privación de la libertad es de 70 años. Consideremos que el secuestrador tenga 18 años, más la máxima de 70, es prácticamente una pena vitalicia, pero sin violar la Constitución.

Además, la comisión aprobó un nuevo marco jurídico para la protección de testigos protegidos y una reforma a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, que obliga a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública a preservar la identidad, custodia, vigilancia y seguridad de personas que colaboren en la investigación y persecución de delitos contra la delincuencia organizada.