uatro de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimaron ayer el dictamen elaborado por su colega Fernando Franco que proponía invalidar el precepto de la Constitución de Baja California que define la vida humana desde el momento de la concepción y cancela, de esa forma, la posibilidad de una despenalización del aborto en esa entidad. En consecuencia, el citado proyecto no obtuvo los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad del artículo citado y el máximo tribunal fue incapaz de revertir una reforma oscurantista, peligrosa, opresiva y violatoria de derechos fundamentales.

Es importante recordar que las reformas antiabortistas a la Constitución de Baja California –al igual que las aplicadas a la de San Luis Potosí, cuya discusión judicial quedó pendiente, y las efectuadas en otros estados– tienen su origen en una distorsión y una extralimitación de la funciones del Legislativo local: como coincidió en señalar ayer la mayoría de los ministros de la Corte, y sin desconocer los alcances del pacto federal que rige en el país, los congresos estatales no están facultados para legislar sobre ámbitos que corresponden exclusivamente al orden federal, como es el de la ampliación o reducción de derechos fundamentales –como la vida– o la definición de los sujetos de esas garantías.

Pero aun suponiendo que los legislativos bajacaliforniano y potosino no hubiesen incurrido en funciones fuera de su competencia, el aval del máximo tribunal a las normativas mencionadas constituye un despropósito mayúsculo en términos constitucionales: como señaló ayer el ministro Arturo Zalívar durante su intervención, la protección legal de la vida desde el momento de la concepción no sólo implica cambiar la lógica penal de todo el mundo, sino atropellar el derecho de las mujeres al control sobre su cuerpo, su fecundidad y su maternidad, cuyo ejercicio no debiera depender más que de la capacidad de decisión de las involucradas y que está reconocido en la propia Constitución.

Adicionalmente, en un contexto nacional marcado por la insuficiencia de información y de educación sexual, por las condiciones de pobreza y marginación para el común de la población, y por el clima de discrminación y de presión que padecen las mujeres en el ejercicio de su sexualidad –sobre todo las de escasos recursos–, la prohibición del aborto en las legislaturas estatales constituye una irresponsabilidad mayúscula en materia de salud pública, porque coloca a gran cantidad de mujeres con embarazos no deseados ante la perspectiva de practicarse abortos en condiciones clandestinas e insalubres, además de que facilita la criminalización de la población femenina y el encarnizamiento del Estado en contra de ella.

Por lo anterior, resulta lamentable que haya bastado la minoría de cuatro integrantes del pleno de la SCJN para mantener vigente la penalización mencionada y que se haya desvirtuado, de esa forma, la actuación de la mayoría de los integrantes del máximo tribunal, que en esta ocasión se desempeñaron con sentido de justicia y, a contrapelo de las posturas chantajistas del conservadurismo clerical y secular y de los intentos por ubicar el asunto en un falso debate a favor o en contra de la vida, se pronunciaron por salvaguardar una concepción moderna, laica y humanista del estado de derecho.

Mención aparte merece la intromisión del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el debate, al enviar, en los mismos días en que el máximo tribunal discutía el tema, una solicitud al Senado para retirar la declaración interpretativa formulada por México en el Pacto de San José, a efecto de que el Estado mexicano defienda la vida desde la concepción. Como señaló ayer el propio Arturo Zaldívar, un Estado democrático no puede imponer un determinado modelo de conducta o de virtud (sino que) tiene que respetar la pluralidad y la libertad de todas las personas. En cambio, con la conducta referida, el gobernante michoacano tomó partido en un tema de suyo polémico y polarizante a favor de una postura regresiva y contraria a la vigencia de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida.

Corresponderá a la ciudadanía en general, y a las mujeres en particular, impulsar la conformación de mayorías progresistas en los legislativos estatales y en el federal, a fin de revertir las reformas mencionadas y realizar los cambios necesarios para que las leyes nacionales garanticen sus derechos en toda la República.