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Evo Morales pide perdón por la brutalidad policiaca y asegura que no ordenó el operativo

Movilizaciones en Bolivia contra represión a indígenas amazónicos

No hay denuncias de muertos o desaparecidos, aseguran el defensor del pueblo y el fiscal general

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Miembros de la Central Obrera Boliviana marchan en La Paz contra la construcción de una carretera que atravesaría una reserva ecológicaFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 22

La Paz, 28 de septiembre. Multitudinarias manifestaciones se llevaron a cabo este miércoles en las principales ciudades de Bolivia, en paralelo al paro nacional de 24 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) en apoyo a indígenas de la Amazonia que el domingo pasado fueron víctimas de un operativo policial cuando se dirigían en una marcha hacia La Paz.

Los amazónicos proclamaron que continuarán la movilización de rechazo a la construcción de una carretera que unirá Beni y Cochabamba, y que el presidente Evo Morales decidió suspender para dar paso a un referendo en ambos departamentos.

El mandatario pidió perdón esta noche a los amazónicos por la represión policial, y tras convocarlos a zanjar diferencias ratificó que la dispersión de la marcha no respondió a una instrucción suya. Que me disculpen, que me perdonen, no ha habido ninguna instrucción para que sean reprimidos. No ha habido orden del presidente para la acción policial, sostuvo.

El gobernante indígena habló ante los medios después de sopesar las movilizaciones de este día, que, dijo, son para mí una llamada de atención del pueblo boliviano, y obligan a corregir nuestros errores, pero también quiero decir con mucha sinceridad que yo, como víctima (de la violencia policial en su época de dirigente cocalero), nunca podría dar una orden de violencia.

La verdad se impondrá, dice el presidente

Frente a acusaciones de dirigentes sindicales y políticos de haber ordenado la represión, Evo Morales manifestó que tarde o temprano el pueblo se dará cuenta de tantas falsedades y las verdades se impondrán. Aseguró que el proyecto carretero que se prevé atraviese un tramo de la reserva natural de los indios amazónicos está totalmente suspendido y paralizado por ahora.

Añadió que el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis) por donde debería pasar la carretera, se respeta para que no haya avasallamiento de colonos y cocaleros, como temen los nativos.

La protesta obrera tuvo un fuerte impacto aquí en La Paz, donde los manifestantes intentaron romper el cerco policial que protege el Palacio Quemado, en momentos en que el mandatario sostenía una reunión con sus ministros.

Una interminable columna de manifestantes se trasladó desde El Alto, ciudad vecina de La Paz, hasta colmar las principales calles y avenidas cercanas a la sede del gobierno. Las movilizaciones callejeras están respaldadas, además, con huelgas de hambre en varias ciudades para exigir la suspensión definitiva de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

El domingo la policía dispersó a unos dos mil indígenas amazónicos que el 15 de agosto emprendieron desde el noreste del país una marcha hacia La Paz, para expresar al presidente su rechazo a la construcción de la vía por el daño que ocasionaría a su hábitat y ante un eventual saqueo de recursos naturales, en especial maderables, entre otras afectaciones.

Los indígenas –que además exigen la paralización de las obras viales en todo el país así como de los proyectos de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos– estaban detenidos desde el sábado a las afueras de la localidad de Yucomo, a unos 350 kilómetros de la Paz.

Frente a la cascada de repudio a la actuación de la policía, renunció el ministro del Interior, Sacha Llorenti, para evitar que la derecha y la oposición dañen el proceso de transformaciones. La oposición y algunas organizaciones sospechan que Llorenti ordenó el operativo del domingo.

Además, dimitió el viceministro del Interior, Marcos Farfán, para someterse a una investigación, así como la directora de Migración, María René Quiroga, quien protestó por la violencia empleada. La ministra de Defensa, Celia Chacón, dimitió desde el lunes en rechazo a la acción de los uniformados.

En el poblado amazónico de Rurrenabaque, 100 kilómetros al norte de Yucomo, donde se reagrupa la marcha, los indígenas proclamaron que la lucha sigue y anunciaron que reanudarán su caminata hacia La Paz para pedir al presidente Morales la suspensión definitiva de la vía.

La protesta ha sido contundente, con todo el coraje y la rabia contra el gobierno que no ha cumplido los acuerdos con la COB y los indígenas, dijo Pedro Montes, secretario general de la central obrera, quien alertó sobre la posibilidad de llamar el viernes a una huelga indefinida.

Los que han atropellado a los hermanos indígenas deben ir a la cárcel. Fiscales y jueces tienen que trabajar en eso, de lo contrario, vamos a estar de cerca, añadió.

Las movilizaciones en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las principales ciudades, paralizaron varias horas los distintos centros urbanos, donde hubo algunos enfrentamientos entre marchistas y partidarios del gobierno sin que se reportaran lesionados.

El comisionado para los Derechos Humanos, Denis Raciot, y la funcionaria de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, se reunían con los ministros de la Presidencia y de Transparencia Institucional para intercambiar criterios sobre la creación de una comisión de alto nivel para investigar la violencia policial contra la marcha indígena.

Evo Morales recriminó el tratamiento noticioso que algunos medios le dieron a la represión policial. Anoche algunos medios decían que hay nueve muertos, otros comentaristas decían que hay una masacre, que hay un niño muerto. Quiero decir a esos medios: ¿dónde está el niño fallecido, cómo se llama, dónde se ha velado, cómo se llaman sus padres?, protestó el mandatario.

Durante la ceremonia de toma de posesión de dos nuevos ministros, la noche del martes, Morales se declaró convencido que, como en 2008 (cuando hubo un levantamiento de derecha), los opositores buscaban un muerto para echarme la culpa (..), la historia se repite.

Mario Uribe, fiscal general de Estado, afirmó que no existe ninguna denuncia sobre la muerte o desaparición de personas. Reportes policiales y del defensor del Pueblo, Ricardo Villena, tampoco dieron cuenta de fallecidos, aunque algunos dirigentes indígenas afirman lo contrario.

En cuanto al conflicto con los indígenas, el presidente enfatizó que el diálogo siempre está abierto, las 24 horas, para entender y para entendernos, sostuvo, tras ofrecer disculpas a los indígenas por la imperdonable brutalidad policial.

Los grupos sindicales afines al oficialismo preparan para los próximos días una marcha de respaldo al presidente, anunció Simeón Jaliri, líder de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia.