Monterrey NL, 28 de septiembre. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz afirmó que pronto serán detenidos otros autores materiales e intelectuales del ataque al casino Royale o que pertenecen al grupo delictivo que perpetró el atentado, gracias a las declaraciones de los ocho hombres que han sido capturados.

Advirtió que no habrá protección para nadie, incluso a funcionarios si resultaran implicados por acción u omisión. Cualquier persona que esté involucrada, que tenga alguna responsabilidad, será procesada y perseguida por el Ministerio Público, asentó.

Asimismo, expresó que Sergio Gil García –propietario del casino Red, en el que fue videograbado Manuel Jonás Larrazabal Bretón, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, cuando recibía fajos de billetes– al parecer huyó del país, pues no ha sido localizado en los domicilios de la entidad donde lo han buscado agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En tanto, la PGJE analiza solicitar a un juez local que amplíe 30 días el arraigo contra Manuel Jonás Larrazabal, y abrió en su contra una averiguación previa por cohecho y delincuencia organizada, pues se presume que incurría en prácticas de extorsión.

El 30 de septiembre, el hermano del alcalde cumplirá un mes internado en la casa del arraigo número uno, ubicada en el barrio Antiguo, de Monterrey.

Los primeros cinco detenidos a los cuales se relaciona con el ataque al casino Royale, en el que murieron 52 personas, fueron notificados este miércoles sobre un segundo arraigo por 30 días, solicitado por la PGJE para reunir más pruebas en su contra y pedir, en su caso, la consignación ante un juez penal.

Por otra parte, el titular de Protección Civil del estado, Jorge Camacho Rincón, se presentó en el Congreso local para ponerse a disposición de la comisión especial investigadora del caso casino Royale, donde fue recibido por diputados del PAN, quienes le exigieron su renuncia.

Luego que Camacho Rincón manifestó formalmente su disposición a colaborar en las indagatorias de la comisión especial, Héctor Gutiérrez de la Garza, coordinador de la bancada del PRI, refrendó el compromiso de citar a los funcionarios y ex funcionarios que sea necesario para aclarar por qué la casa de apuestas operaba de forma irregular.

Mientras, la fracción priísta cesó a George Alfredo Salvador Chávez, quien además de asesorar a la diputada local Sonia González Quintana, funge como apoderado legal de la empresa Azul Plata Entretenimiento, dedicada a operar y administrar casinos.

La legisladora priísta aseguró que no estaba enterada de las actividades externas de su empleado, quien fue contratado cuando ella pertenecía a la bancada del PVEM, al inicio de la legislatura, y después se cambió al PRI, pero mantuvo al abogado en su equipo.

Agregó que trabajaba por honorarios y nunca tuvo plaza en el Congreso. Salvador Chávez tenía un sueldo de 31 mil 827 pesos en el grupo legislativo del tricolor, según la nómina de julio, y hasta este miércoles aparecía en el directorio de la página web del Congreso.