La próxima semana concluye el plazo para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) cierre la indagatoria aplicada a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos (DGAJS) de la Secretaría de Gobernación.

A esto se agrega la denuncia presentada hace unos días por Gobernación para que la SFP investigue presuntas irregularidades administrativas de dos altos ex funcionarios de la dependencia involucrados en la expedición de permisos para la apertura de casinos.

Dichas investigaciones serán evaluadas con base en los datos que emita el órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación.

En los registros, y por demoras de dicho órgano, hay varios asuntos que no han visto luz: demandas iniciadas en enero pasado que hasta el momento no arrojan resultados, sólo promesas de una próxima emisión de informes.

En este caso están varios asuntos de la secretaría; en particular, las demandas de empleados del Archivo General de la Nación, que fueron despedidos a pesar de que formaban parte del servicio profesional de carrera con capacitación y actualizaciones acreditadas.

La única respuesta del órgano interno de control de Gobernación, cuyo titular es Octavio Díaz García de León, fue el requerimiento de más elementos de prueba para poder realizar la investigación. Curiosamente, esa solicitud tardó casi dos meses para ser enviada vía correo electrónico, cuando la fecha del documento (base) es el 12 de enero, señaló Saúl Pérez, uno de los empleados despedidos, en carta entregada el mes pasado.

“Le recuerdo –agrega en la misiva– que son ya más de ocho meses desde que se presentó la queja y cinco desde que se pidieron mayores elementos de prueba que ayudaran a determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos denunciados y hasta hoy no hay respuesta alguna”, señala.

En el caso de la DGAJS, supuestamente auditada desde el 9 de junio pasado, el órgano interno de control deberá dar respuesta a la opacidad en los documentos relativos a los contratos de los 27 permisionarios de casasa de juegos y apuestas, así como a la ausencia de oficios que sustenten la operación de negocios múltiples que derivan de cada uno de los 27 permisos.

Asimismo, demostrar el procedimiento utilizado en la expedición de autorizaciones y legalidad de las firmas emitidas por los funcionarios de esa dirección, en particular, de los servidores públicos denunciados.

La SFP deberá determinar si hay irregularidades administrativas o incluso factores que obliguen a interponer demandas penales, y señalar si los delitos tendrán consecuencias o ya prescribieron.

De acuerdo con las denuncias presentadas la semana pasada por la Secretaría de Gobernación, las irregularidades ocurrieron entre 2005 y 2009.