Organizaciones integrantes de la iniciativa Las comunidades cuentan más denunciaron omisiones del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+), las cuales ponen en desventaja a las comunidades y pueblos indígenas al no respetar sus derechos de información, participación y consulta.

De cara a la Consulta Global de Pueblos Indígenas en Panamá –previa a la Conferencia de las Partes (COP-17), en Sudáfrica–, Claudia Gómez-Portugal, miembro de Sakbe Comunicación y Defensa para el Cambio, señaló que las autoridades competentes no han brindado información básica sobre los proyectos de dicho mecanismo a las comunidades donde se llevarían a cabo, por lo que se pone en riesgo la efectividad de los procesos de participación y consulta de dichos pueblos.

Refirió que la estrategia nacional REDD+, que se presentará en la COP-17 no consultó a los pobladores de bosques y selvas.

De acuerdo con las decisiones adoptadas en la COP-16, la preparación de la ENA-REDD+ contempla la participación plena y efectiva de las comunidades nativas y las locales, lo cual no ha sucedido, señalaron. Hay disociación entre los compromisos internacionales signados por Mexico y el trabajo de las autoridades en la agenda local, apuntó Gómez-Portugal.

En conferencia de prensa, representantes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, la Red Indígena de Turismo en México y la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas se pronunciaron por mayor información sobre los proyectos en México en materia forestal y de desarrollo rural, así como por que haya interlocución efectiva con las comunidades locales.

Asimismo demandaron que el presupuesto asignado se reparta proporcionalmente en programas de conservación de recursos y apoyo a la agricultura de autoconsumo, además de contemplar una partida amplia para la difusión de REDD+ en las comunidades.

También pidieron detener la entrega del territorio a proyectos de minería a cielo abierto, impulsar el uso de biofertilizantes y armonizar las políticas públicas con un enfoque de desarrollo rural para garantizar la soberanía alimentaria.