iolando el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en desacato de diversas disposiciones judiciales y medidas cautelares, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en complicidad con diversas secretarías del gobierno federal, ha continuado la construcción del acueducto –paradójicamente llamado Independencia– que pretende llevar a Hermosillo agua de El Novillo, una de las presas intermedias del sistema de la cuenca del río Yaqui, desviando su cauce y amenazando con ello las bases materiales de la reproducción de los pueblos indígenas y no indígenas de siete municipios al causar severos daños ambientales a toda la región.

Ante la inminencia y el peligro de semejante despojo, las autoridades tradicionales de los pueblos de Vícam y Potam, apoyados por sus hermanos mayos y guarojíos, productores agrícolas locales, organizaciones indígenas y de la sociedad civil del estado y de todo el país, acordaron en asamblea celebrada el 4 de septiembre, continuar impulsando acciones de desobediencia civil pacífica ante la negativa del gobierno sonorense de obedecer las resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de suspender la obra. La ilegalidad con la que actúa el gobierno del estado ha ido de la mano de amenazas de muerte que ha recibido la juez del octavo tribunal de distrito y su familia, y por una constante represión policiaca en contra del pueblo yaqui, que ha dejado heridos y detenidos, y ha criminalizado el movimiento de resistencia con la cooperación aceitada de buena parte de los medios de comunicación masiva de Sonora.

También, como es de uso y costumbre en toda la República, los delegados estatales de la desprestigiada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), heredera del desaparecido Instituto Nacional Indigenista y para la cual trabajan sin rubor numerosos antropólogos, intentaron cooptar a los gobernadores del pueblo yaqui para apoyar la construcción del acueducto, y al fracasar parcialmente (sólo obtuvieron una firma), no dudaron en clonar las firmas de otros tres para publicar un desplegado de plana entera en la prensa local.

En un comunicado reciente, las autoridades de la tribu yaqui de Vícam y Potam manifiestan lo siguiente: “En un acto de prepotencia y alarde de impunidad, el gobierno de Sonora, en contubernio con el federal, mantuvieron prácticamente en estado de sitio el pueblo yaqui de Vícam. Con una concentración de las fuerzas armadas y de seguridad pública, el mal gobierno intentó intimidar a nuestra gente, misma que manifiesta pacíficamente su total rechazo a la construcción indebida del acueducto Independencia, que sigue avanzando en su construcción, a pesar de existir en contra de su realización varios impedimentos legales. Ni amparos ni medidas cautelares ni la aplicación de convenios internacionales firmados por el Estado mexicano han detenido la ambición desmedida de quien pretende convertir el agua de la cuenca del río Yaqui en una mercancía que se vende y se compra al mejor postor. Queremos decirle nuevamente al mal gobierno que, en ejercicio de nuestra autonomía y el legado histórico de nuestros guerreros yaquis, llevaremos hasta las últimas consecuencias la defensa de las aguas de nuestro río, porque sólo así garantizamos que el futuro de nuestros hijos y la sobrevivencia misma de nuestra tribu yaqui se respete y por fin se salde la deuda histórica que tiene el gobierno mexicano con nosotros. Es por eso que con el sabio consejo de nuestros mayores no caímos en la provocación de quien nos da el mensaje que efectivamente –como ya lo intentaron en muchas otras ocasiones– la verdadera intención que subyace en sus actos es la de eliminarnos de este nuestro territorio sagrado. Y no sólo eso, sino que también condena a la población del valle del Yaqui a emigrar en busca de trabajo hacia la idealizada megaurbe, donde pretenden mantenernos como reserva de mano de obra barata, en tanto agotan nuestros recursos naturales, agua y territorio, que tanto dolor y muerte ha costado ya a nuestros antepasados conservar. En este sentido, hacemos un llamado a la sociedad civil del valle del Yaqui, a los productores agrícolas, a los prestadores de servicios, organismos no gubernamentales, luchadores sociales, a toda persona honesta, de buen corazón y a todos los hermanos indígenas de México y del mundo, a que se solidaricen con nuestra lucha y manifiesten su sentir ante los actos de abuso de poder y prepotencia de quien pretende el uso de la fuerza pública en contra de quienes se manifiestan pacíficamente, y protege al que violenta y manipula la Constitución, misma que juraron cumplir y hacer cumplir. Por eso y más decimos: ¡Nunca más un México sin nosotros!”

El gobernador de Sonora y los funcionarios que resulten responsables en los tres ámbitos de gobierno cometen el crimen de etnocidio al atentar contra la integridad territorial, física, salud o reproducción de los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos total o parcialmente; al quebrantar el derecho de estos pueblos a disfrutar, enriquecer y transmitir su cultura, su lengua y sus autogobiernos; al negar su derecho a la consulta y libre determinación; al usar la fuerza pública y los recursos de los contribuyentes para imponer proyectos privatizadores del agua y otros recursos naturales y estratégicos; al fomentar de manera coercitiva –y por medio de la violencia del Estado– la asimilación de sus integrantes a otras culturas o modos de vida; al contribuir a su dispersión y fragmentación a través de desplazamientos involuntarios que los alejen de sus familias y territorios.