or si alguien tuviera duda o no se hubiera enterado del asunto, la Secretaría de Hacienda de nueva cuenta notificó al respetable que ya presentó una denuncia penal en contra de quien resulte responsable en el gobierno de Coahuila por presuntamente haber utilizado documentación apócrifa para endeudar al estado de Coahuila. El anuncio más reciente lo hizo 48 horas atrás, y una vez más lo difundió como si fuera novedad, aunque todo indica que en la dependencia del Ejecutivo olvidaron que el pasado 25 de agosto el propio Ernesto Cordero, aún en la silla principal de la SHCP, informó lo mismo (ya se interpuso), por mucho que en realidad fue en junio de 2011 cuando la acusación se presentó ante el Ministerio Público Federal (ya existía, no es nueva), de acuerdo con uno de los actores centrales en esta zarzuela, Humberto Moreira, ex gobernador de la citada entidad.

Es el síndrome de la refinería (la Bicentenario, cuya construcción el inquilino de Los Pinos la ha anunciado como novedad en cinco ocasiones, pero no se ha colocado ni un sólo ladrillito), o si se prefiere el síndrome del empleo, del crecimiento, del bienestar, de la seguridad, del estado de derecho o de cualquier otro de los muchísimos que padece el calderonato. Lo llamativo de esta zarzuela es que un gobierno, el federal, que ha endeudado al país hasta los ojos para pagar deuda, acusa a otro gobierno, el de Coahuila, por endeudarse hasta la coronilla sin aparentemente tener motivo alguno. Eso sí, quien suponga que todo esto tiene fines electorales, pues entonces estará en lo cierto.

Más de 315 mil millones de pesos en deuda conjunta de los 31 estados de la República más el Distrito Federal, y la repetitiva Secretaría de Hacienda sólo fija sus ojos en el débito de Coahuila, cuando era gobernado por el actual presidente del tricolor, a quien, junto con su equipo financiero, señalan como presunto responsable de falsificar documentos con el fin de obtener mayor crédito de la banca privada. En eso llevan invertidos más de cuatro meses, sin que nada resuelvan: unos dicen que sí hay delito, otros que de ninguna manera, mientras el tradicionalmente lerdo Ministerio Público ni se ha enterado de la denuncia. Pero el hecho más grave es que quienes obligadamente pagan su abultada cuota por la voluminosa deuda federal, deben cargar –de acuerdo con su lugar de residencia– con el enorme débito de los estados, sin que en ninguno de los casos tales pasivos contribuyan a generar riqueza ni a mejorar su perspectiva de vida.

Agarrados electoral y mediáticamente de la trenza, corderianos y moreiros dejan a un lado, como siempre, el fondo del asunto. Mientras no se resuelva la enorme dependencia que los estados tienen de los recursos federales y el gobierno central de los mercados financieros internacionales, el nivel de endeudamiento, en ambos casos, seguirá engordando, con un futuro nada halagüeño para quienes pagan por los platos rotos. Paralelamente, mientras los créditos contratados no se destinen a fines productivos, generadores de crecimiento, empleo y bienestar (desarrollo, pues), la situación será inmanejable, por no decir explosiva.

Como bien lo apunta la Auditoría Superior de la Federación, se estima que, en promedio, 90 por ciento de los ingresos de los estados de la República son de origen federal (participaciones, aportaciones, subsidios, reasignaciones y conexos), por lo que es imperativo que los gobiernos locales incrementen su recaudación tributaria y ejerzan a plenitud las facultades con que cuentan al respecto, aunque éstas son en extremo limitadas. Al mismo tiempo, el grueso de la captación fiscal federal se obtiene de la actividad productiva de los estados, sólo que el gobierno central es el que parte y comparte, y, obvio es, se queda con la rebanada más gruesa. Todo ello en el marco de fuerte evasión y elusión, especialmente en el pequeño cuan dorado circuito de las grandes empresas, a su vez, piezas clave en el financiamiento electoral.

La propia ASF precisa que al cierre de 2010 el saldo de la deuda (registrada) conjunta de los estados de la República, más el Distrito Federal, representó 72 por ciento del total de participaciones fiscales, y en cinco entidades federativas fue mayor a 100 por ciento. Así, de continuar esta tendencia, más de la mitad de las entidades federativas tendrán que destinar todas sus participaciones fiscales para pagar el servicio de la deuda y no tendrán capacidad financiera para cubrir otros compromisos de gasto prioritario como educación, salud, seguridad social y seguridad pública. Y en este sentido, en 2012 el gobierno federal dejará de cobrar el impuesto por tenencia vehicular (no lo desaparece, como dice el de Los Pinos; simplemente traslada su cobro a los estados, y este gravamen, entre otros, es utilizado por las entidades para amortizar deuda).

El círculo vicioso no es nada atractivo, mucho menos cuando en medio están los mexicanos, pero lo descrito ni de lejos forma parte del intenso debate ni de los dimes y diretes entre corderianos y moreiros (y lo que cada una de las partes representa), quienes (muy al estilo de los protagonistas de la llamada guerra Telmex vs duopolio televisivo) indiscriminadamente se avientan boñiga y se acusan de cometer los mismos excesos, voracidad, opacidad y desviación de recursos, para que al final de cuentas ambos contendientes tengan la razón y nada resuelvan. Es decir, se comen lo mismo, cometen las mismas tropelías, pero cada uno señala al rival como causante de todos los males. Prefieren la zarzuela que entrarle al tema de fondo y negociar una verdadera reforma fiscal que incluya a los grandes evasores legales.

Y mientras la Secretaría de Hacienda anuncia, una vez más, que ya presentó querella contra el gobierno de Coahuila, la ASF recuerda algo no incluido en el intenso debate: entre 2000 y marzo de 2011, el mayor crecimiento del nivel de deuda se registró en Michoacán, con un aumento nominal absoluto de 62.6 veces; Nayarit, 44.8 veces; Hidalgo, 24.1 veces (incluido el préstamo para la adquisición de terrenos en donde se construiría la refinería Bicentenario); y Oaxaca, 18.7 veces. Veracruz es un caso crítico, pues su débito creció mil 229 veces (de 17.8 millones de pesos en 2000, a 21 mil 875 millones en marzo de 2011).

Las rebanadas del pastel

Si de deuda se trata, allí está la de Pemex y sus mil 700 millones de dólares adicionales para que Juan José Suárez Coppel financiara su aventura en la trasnacional Repsol, consorcio originario de España donde no quieren a las empresas del Estado (¡fuchi!), aunque a las empresas privadas españolas les fascina mamar del presupuesto del Estado mexicano.

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