A un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano otorgar medidas cautelares a 135 pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala, debido al peligro que corren sus vidas por el asedio de grupos paramilitares, el gobierno ha sido omiso frente a dicha responsabilidad.

Así lo denunciaron activistas y habitantes de esa comunidad de la región triqui del estado de Oaxaca, quienes en conferencia de prensa dieron a conocer un documento elaborado por académicos especializados en el tema, donde plantean un esquema de diez puntos para alcanzar una solución al conflicto.

Josefina Albino, integrante del municipio autónomo, lamentó que los responsables de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) no hayan sido detenidos ni juzgados por las agresiones armadas que han cometido.

El pasado martes, el relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, subrayó que el gobierno del país no ha hecho nada para castigar a los atacantes y proteger a beneficiarios de las medidas cautelares, ordenadas por dicha entidad desde el 7 de octubre de 2010, y urgió a las autoridades a dar una respuesta.

David Cilia Olmos, del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, señaló que el municipio autónomo no cree en la voluntad del gobierno para solucionar el conflicto, y dio a conocer un plan alternativo para alcanzar la paz.