omo sucedió con el gasolinazo –el aumento repentino de 80 por ciento en el precio del carburante–, el presidente boliviano Evo Morales aplicó, en el caso de la carretera Cochabamba-Beni, la errónea visión de todos los gobiernos progresistas, según la cual el desarrollo consistiría en lograr un incremento en los recursos financieros del país sin preocuparse por consideraciones sociales o ecológicas. Sólo los cortes de ruta en varias partes de la nación, las manifestaciones, la condena masiva, las renuncias de la ministra de Defensa, de otros ministros y de varios diputados de su partido, obligaron al presidente a paralizar la construcción de la carretera, a pesar de que su vice había dicho que no había alternativa al trazado de la vía y de que él mismo había declarado que la obra se haría sí o sí.

En Bolivia la Constitución establece un Estado plurinacional, reconoce las autonomías indígena y regional, e impone la obligación al gobierno central de consultar a los pueblos sobre cualquier cambio que plantee realizar en las zonas donde éstos habitan, que son de propiedad colectiva. Cientos de indígenas habían iniciado su marcha a pie desde el Beni hasta La Paz, encabezados por los dirigentes de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), apoyados en forma solidaria por representantes de los markas y ayllus del altiplano. Protestaban porque la carretera que decidió construir el gobierno atravesaría la principal reserva ecológica: el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), abriendo el camino a los talamontes, los cocaleros y las petroleras.

El TIPNIS tiene un millón 200 mil hectáreas, un millón de las cuales son territorios comunitarios originarios en los que viven 64 comunidades (10 mil personas). En las otras 200 mil hectáreas se han instalado 20 mil familias de cultivadores de coca (casi cien mil personas). La carretera sería construida mediante un préstamo de 322 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, de Brasil. El gobierno boliviano pondría otros 110 millones de dólares para la construcción, que interesa al capital brasileño, pero también a comerciantes y campesinos bolivianos de las zonas por donde pasaría el trazado de la vía. De modo que el gobierno está oponiendo los intereses económicos y nacionales a la defensa ambiental que esgrimen los indígenas, y opone a campesinos, comerciantes y colonizadores a los indígenas cazadores-recolectores del TIPNIS, y la industrialización (léase explotación maderera, siembra de coca, extracción petrolera) dirigida por grandes empresas a la preservación de los bosques y aguas. Ante la protesta de la CIDOB, se acusa a los dirigentes de ésta de estar en contacto con la embajada de Estados Unidos y de formar parte de una maniobra desestabilizadora con vistas a derribar a Evo Morales (y al MAS) en 2014, en la que participarían desde importantes intelectuales y ex funcionarios gubernamentales hasta el Movimiento de los Sin Miedo (hasta hace poco aliados de Morales y del MAS) con el apoyo de la oligarquía de Santa Cruz y de la derecha clásica.

Lo cierto es que, así como la decisión del gobierno de aplicar el gasolinazo por razones meramente económicas provocó huelgas y manifestaciones en toda Bolivia, la brutal represión policial contra una manifestación pacífica llenó al país de cortes de rutas y protestas populares. Los campesinos de la zona donde se dio la represión impidieron el paso de los camiones con los presos y otros tomaron el aeropuerto donde iban a ser trasladados los dirigentes de la marcha detenidos y golpeados; además, el miércoles la Central Obrera Boliviana hizo una huelga general de repudio contra la represión.

El presidente Evo Morales, tardíamente, busca negociar. Propone un referendo en el Beni y en Cochabamba sobre la carretera y su paso por el TIPNIS. Aparte de que así reconoce implícitamente que podría haber un trazado alternativo (cosa que había negado rotundamente), el planteamiento mismo –que voten sobre la posible destrucción del TIPNIS quienes no viven allí y se beneficiarían comercialmente con la carretera– es un subterfugio y excluye de la negociación a los indígenas guaraníes. O sea, la aplicación de la Constitución y de los proclamados principios de plurinacionalidad. Quiere imponer la lógica del capital –el desarrollo– a la relación indígena con la naturaleza y las necesidades del Estado unitario frente a la autonomía reconocida por la Constitución. Sin duda, en toda movilización aparecen quienes tratan de aprovechar el descontento para desestabilizar al gobierno. Pero las movilizaciones responden a los errores de éste y a su incapacidad para discutir los problemas en vez de actuar con decisiones autoritarias. Hay también en las reivindicaciones de la CIDOB y sus aliados exigencias imposibles, como cerrar el Aguaragüe, de donde Bolivia extrae 90 por ciento del gas que vende o consume, o cuando solicita que los países que contaminan les paguen a ellos por preservar el TIPNIS, aceptando así que los bosques sean rehenes del capital extranjero y la idea de que Bolivia no debe modernizarse.

Pero eso se puede refutar mientras el problema central es que no se ha realizado una discusión pública sobre cómo combinar, en un país capitalista dependiente el extractivismo y el desarrollismo –inicialmente inevitables pero que deben ser controlados–, con el desarrollo humano, en relación con la naturaleza, o sea, con la creación de consumos y producciones regionales alternativos. El respeto a la capacidad de comprensión de los ciudadanos, de la Constitución y los derechos indígenas debe remplazar la soberbia y la prepotencia de quienes quieren imponer el progreso. Sobre todo cuando un gobierno encabeza una revolución en marcha contra las rémoras antindígenas y colonialistas del pasado, el atraso, la dependencia y las viejas relaciones caciquiles de mando.