Chilpancingo, Gro., 1º de octubre. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció que después de un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las sentencias por los casos de violación y tortura de que fueron objeto las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por elementos del Ejército, el gobierno mexicano no las ha cumplido.

Tlachinollan dio a conocer el viernes por la tarde una alerta de prensa desde su sede en Tlapa, en la Montaña alta: de conformidad con ambas sentencias, el Estado mexicano deberá rendir un informe detallando sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a cada uno de los resolutivos ordenados por la CIDH.

Afirmó que actualmente la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal contra los militares responsables, que ya han sido identificados por Inés y Valentina. No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad.