La senadora priísta María de los Ángeles Moreno Uriegas y la diputada perredista Enoé Uranga demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defina públicamente su posición sobre el Estado laico e investigue la queja prsentada contra el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, por el desvío de 30 millones de pesos, parte de una donación para construir en Tlaquepaque del santuario de los Mártires Cristeros, obra promovida por la arquidiócesis de Guadalajara.

En conferencia de prensa, las legisladoras manifestaron su alarma por la llamada macrolimosna, con la cual el gobernador violó el Estado laico, aseguraron.

Ambas instaron a la CNDH a que atraiga el caso, con base en las facultades que le confirió la reforma constitucional sobre derechos humanos, pues el ombudsman recibió 7 mil denuncias de ciudadanos de Jalisco contra la actuación del gobernador y resolvió que no hubo violación de los derechos humanos.

El 24 de marzo de 2008 González Márquez anunció que destinaría 90 millones de pesos del erario estatal al santuario, donde se rendirá culto a los cristeros canonizados por aquellos días, y ese mismo año entregó los primeros 30 millones de pesos.

Interrogado sobre la pertinencia de usar fondos públicos para esa obra, con la cual la arquidiócesis espera ganar 3 mil millones de pesos sólo por venta de criptas, el gobernador dijo que eso no era problema suyo y que el interés de su gobierno era promover el turismo religioso.

La oposición se generalizó y un mes después las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sumaron casi 5 mil. En un acto público, el gobernador injurió a los opositores al proyecto.

A mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco, dijo a finales de abril, en evidente estado de ebriedad, durante una cena para entregar 15 millones de pesos de recursos públicos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ligada también a la arquidiócesis de Guadalajara.

“Éste es un cuete (borrachera). No me importa, me cae. Don Juan (Sandoval Íñiguez, el cardenal ahí presente), absuélvame desde allá. Además estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”

Ante las denuncias por malversación de fondos, que involucran a Sandoval Íñiguez, el 23 de junio de 2008 la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires informó que devolvió al erario los 30 millones de pesos, más intereses, que entre el 24 de marzo y el 23 de junio sumaron 563 mil 533 pesos, según Julio García Briseño, tesorero de la fundación.

En la conferencia de prensa estuvieron también los activistas que impugnaron ante la CNDH la resolución de su homóloga estatal: Jaime Hernández, del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo; Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara; la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Dinero Público y el Estado Laico y la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes exigieron que la CNDH actúe con independencia y siente un precedente en favor del Estado y de la cultura de la legalidad.