El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos urgieron al gobierno mexicano a cumplir con su obligación de emitir una nueva Ley de Amparo, como se comprometió a hacerlo con fecha límite del 4 de octubre.

Las organizaciones consideraron preocupante que el Congreso haya incumplido el plazo establecido para llevar a cabo dicha reforma, que serviría para hacer del amparo una herramienta útil y accesible en la defensa de los derechos humanos.

Mediante un comunicado conjunto, ambas organizaciones recordaron que el 6 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifican o adicionan varias disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución mexicana, con el objetivo de reformar de manera integral el juicio de amparo.

Según la mencionada publicación, la fecha límite para aprobar esa reforma y expedir una nueva Ley de Amparo fue el pasado miércoles 4 de octubre.

Por tal motivo, las organizaciones firmantes urgieron al Poder Legislativo a tomar en cuenta las recomendaciones y sentencias formuladas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la reciente reforma constitucional en esa materia sea efectiva.

Señalaron en particular los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, para quienes el amparo no ha servido como un recurso efectivo de defensa.

En agresiones similares a las que sufrieron ambas mujeres, dijeron, esta herramienta legal no ha servido para impugnar la declinación de competencia en favor del fuero militar, ya que el artículo 10 de la Ley de Amparo es sumamente restrictivo.

Por tal motivo, las organizaciones exigieron que en la elaboración de la nueva Ley de Amparo se haga mucho más ágil, efectivo y accesible a este recurso; que pueda ser utilizado en eventos de detención arbitraria; que sea efectivo en casos donde la víctima quiera oponerse a que las autoridades civiles declinen competencia en favor de las militares, y que incorpore mecanismos para hacer plenamente justiciables los derechos colectivos.