El Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una queja contra el presidente Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) por violar la Constitución en los artículos relativos al principio de equidad en el proceso electoral y actos anticipados de precampaña.

Por tanto, pide al instituto desalentar la conducta del mandatario pues, de no hacerlo, existe el temor fundado de que éste reitere su conducta durante el transcurso del proceso electoral y afecte al mismo al influir en el voto del electorado en favor de su partido y ponga en riesgo la contienda, como ocurrió en 2006 con el entonces presidente Vicente Fox.

Lo anterior, como reacción del PRI a las declaraciones del mandatario, difundidas el fin de semana en el diario estadunidense The New York Times. El Presidente hizo referencias explícitas del tricolor y también advirtió distintas visiones en ese partido para combatir al narcotráfico, tanto en el pasado priísta como en la administración actual, y de los peligros de otorgar tregua o negociar con los criminales.

Es muy lamentable la actitud del Presidente de la República con este tipo de declaraciones que no sólo nos parecen frívolas e imprudentes, sino también ilegales, señaló el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, antes de entregar la denuncia que deberá ser procesada por el árbitro electoral.

El Revolucionario Institucional pidió al mandatario saque las manos de la contienda y evite lanzar críticas irracionales al PRI, porque su actitud –aseveró– pone en riesgo el proceso que se inició el pasado 7 de octubre.

En el documento entregado al IFE, el tricolor subraya que Calderón es un militante panista, por lo que ante un acto anticipado de precampaña es necesario que el árbitro electoral le imponga una sanción, con independencia de la responsabilidad que adquiera como servidor público. Señala que las aseveraciones del Presidente no tienen otro objeto más que generar una opinión adversa en contra del PRI y desalentar el voto en favor de este partido.

Argumenta que el IFE debe contabilizar, dentro de la fiscalización al gasto de partidos políticos, las campañas paralelas de servidores públicos en beneficio de sus aspirantes y en violación a la obligación de imparcialidad.

Alega que el punto denunciado es un caso de reincidencia en cuanto a violar la Constitución y el ánimo de incidir en los procesos electorales, de acuerdo con lo denunciado igualmente por el PRI en 2010.

El organismo político planteó que las declaraciones en cuestión son críticas negativas del Presidente en contra del Revolucionario Institucional, que en un proceso electoral generan un acto anticipado de precampaña en beneficio de los aspirantes panistas, al intentar incidir en el ánimo del electorado.

Considera que, de igual forma, el PAN es responsable de las conductas de sus militantes, incluido el Presidente de México; por tanto debe ser objeto de sanción. El principio de imparcialidad está previsto en los artículos 10, 41, 108, 109, 113 y 134 de la Constitución, así como en el 38 del Código Federal de Procedimientos Electorales. Señala además que la libertad de expresión tiene limitantes que, en el caso específico de la queja, tienen que ver con no hacer manifestaciones en favor o en contra de candidatos y tampoco denigrar.

Lerdo de Tejada dijo que el Ejecutivo tiene la obligación de actuar con imparcialidad y respetar a las demás fuerzas políticas y no hacer proselitismo. Agregó que preocupa la insistencia del presidente Calderón de mostrar una clara actitud parcial y una falta de voluntad democrática. En 2010, debido a quejas interpuestas por este partido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró infractor de la Constitución a un Presidente de la República en funciones.

Lamentablemente, el mandatario ha decidido mantener esa actitud de jefe de su partido más que de jefe del Estado mexicano. Vamos a actuar con serenidad, con prudencia, pero con la herramienta que nos da la ley, dijo el también diputado federal priísta.

El trámite iniciado por el PRI se denomina Procedimiento Especial Sancionador. Las 74 cuartillas de la queja fueron enviadas al secretario Ejecutivo del Consejo General del IFE, Edmundo Jacobo, quien deberá iniciar el análisis de la misma. Pide sustanciar el procedimiento y dictar resolución imponiendo a los responsables las sanciones a que se hacen acreedores por la clara violación de las disposiciones constitucionales y legales que se le imputan y que han sido acreditadas.