a organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna, ETA, anunció ayer el cese definitivo de su actividad armada. El anuncio se presentó unos días después de efectuada la Conferencia de Paz de San Sebastián, en la que se dieron cita casi todas las fuerzas políticas del País Vasco, diversas instituciones políticas, empresariales y sindicales de Euskadi, y diversas personalidades internacionales con experiencia en procesos de paz, entre ellas el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; el líder del inrlandés Sinn Fein, Gerry Adams; los ex primeros ministros de Irlanda, Bertie Ahern, y Noruega, Gro Harlem Brundtland, y el mediador internacional Brian Currin.

Tras considerar que ese encuentro reúne los ingredientes para una solución al conflicto, ETA señaló que es tiempo de dejar atrás la violencia y la represión, consideró que se ha abierto un nuevo ciclo para el diálogo y el acuerdo, anunció su compromiso definitivo para superar la confrontación, pidió al gobierno español abrir un proceso de diálogo directo a fin de alcanzar una solución al conflicto y llamó a la sociedad vasca para que se implique en este proceso hasta construir un escenario de paz y libertad.

Con ello, al parecer, llega a su fin el último conflicto armado en Europa occidental, por más que exista aún mucho camino por delante para resolver en forma permanente y de fondo el problema vasco.

Sin desconocer ni aprobar los métodos de ETA –condenados sin cortapisas en diversos momentos en este espacio–, sería improcedente seguir la tendencia de la mayoría de los medios españoles e internacionales, los cuales se han empeñado en presentar de forma simplista y maniquea a esa organización como un mero puñado de asesinos en lucha contra un gobierno democrático. Por el contrario, las expresiones violentas del independentismo en Euskadi se iniciaron a mediados del siglo pasado, en el contexto de la feroz represión instaurada por la dictadura franquista contra el pueblo vasco y el conjunto de sus expresiones políticas, sociales, sindicales y culturales, incluida la prohibición oficial del idioma local, el euskera.

Resultado de una escisión radical de las juventudes del por entonces ilegalizado Partido Nacionalista Vasco (PNV), ETA emprendió la lucha armada contra el franquismo. El momento culminante de esa etapa fue el asesinato de Luis Carrero Blanco (Madrid, 1973), brazo derecho del Generalísmo y considerado por muchos como su delfín.

Tras la muerte del tirano y luego de la conformación de una monarquía parlamentaria en España, un ala de ETA se integró a la lucha política legal, en tanto que otra, la llamada ETA militar, optó por mantenerse en la clandestinidad y en la violencia. Si bien la llamada transición dividió el mapa de España en regiones autonómicas y atenuó las políticas opresivas contra los nacionalismos –particularmente, el catalán y el vasco–, el gobierno de Madrid, encabezado desde 1982 por Felipe González, emprendió una guerra sucia contra ETA, pero también contra los sectores pacíficos del entorno independentista vasco. En ese contexto, para enfrentar al terrorismo etarra, La Moncloa, por conducto de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), se involucró en un terrorismo de Estado que se tradujo en secuestros, asesinatos y torturas, tanto de etarras como de ciudadanos de Euskadi no vinculados con la organización separatista.

Tal política exacerbó la violencia de ETA, que tuvo un momento culminante en el cruento atentado dinamitero contra la tienda Hipercor (Barcelona, 1987). Se vivió, a partir de entonces, un impasse entre la violencia etarra y la visceralidad con que los sucesivos gobiernos españoles se empeñaron en reprimir a ETA –con la tortura policial sistemática de todo sospechoso de pertenecer a la organización, por ejemplo– y a toda expresión política de independentismo vasco: se criminalizó a partidos políticos y organizaciones sindicales, además se clausuraron medios informativos y se persiguió judicialmente a sus directivos.

Los sucesivos intentos de explorar una paz negociada –las tempranas conversaciones en Argel (1987), el Pacto de Estella y la tregua unilateral (1998), el alto al fuego de 2006– fueron frustrados por la intransigencia de una o de otra parte. Finalmente, tras largos años de golpes policiales contundentes contra la estructura de ETA, el giro de las agrupaciones de la izquierda pacífica y nacionalista vasca –el sector abertzale–, que rechazaron la violencia etarra como método de lucha y emprendieron gestiones de paz a escala internacional, como la ya referida Conferencia de Paz de San Sebastián, dejó a la organización armada sin margen político para proseguir por el camino de la violencia y anunció, ayer, su renuncia definitiva a ella.

El Estado español se ha quedado, de esta forma, sin argumentos para mantener el acoso policial y judicial contra las organizaciones del nacionalismo vasco y las violaciones a los derechos humanos de los etarras presos. Si hay buena fe de las autoridades de La Moncloa y de las fuerzas parlamentarias mayoritarias, el momento es propicio para avanzar en la solución pacífica de los conflictos de fondo en el País Vasco. Ojalá que así sea.

El asesinato de Muammar Kadafi, perpetrado ayer en su natal Sirte, marca el triunfo definitivo de la revuelta que empezó en Libia hace ocho meses y que fue desvirtuada, poco después de su inicio, por una masiva intervención militar de las potencias occidentales en la nación norafricana. Lo que habría sido una insurrección popular democratizadora fue convertida en una incursión de saqueo neocolonial, alentada por la ambición de Estados Unidos y Europa ante los enormes recursos energéticos del territorio sirio, en un nuevo mercado de armamento y, presumiblemente, en una vasta oportunidad para los negocios de reconstrucción, a la manera de los realizados tras la invasión y destrucción de Irak, cuyos contratos beneficiaron a las empresas y consultoras del entorno del ex presidente George W. Bush.

Por otra parte, está por verse si el heterogéneo Consejo Nacional de Transición (CNT) es capaz de reconstruir Libia, de gobernar con moderación, legalidad y soberanía, así como de emprender cambios reales en el país.

En otro sentido, la exhibición del cadáver del antiguo hombre fuerte de Libia en los medios occidentales, así como la omisión de que su muerte y la de muchos de sus hombres cercanos fueron homicidios injustificables, exhibe una vez más la doble moral de las democracias occidentales, las cuales siguen haciendo redituables negocios con sátrapas del mundo árabe no menos impresentables que Kadafi, como los monarcas de Marruecos, Arabia Saudita y los emiratos petroleros del Golfo Pérsico.

Asimismo, al festejar el suceso, Estados Unidos y Europa omiten el hecho de que, hasta hace menos de un año, Kadafi era recibido con cordialidad extrema por Barack Obama, José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, y que hay señalamientos sobre el financiamiento de las campañas políticas de los dos últimos por parte del régimen depuesto.

Con tales antecedentes, es claro que el fin de la era de Kadafi en la intervenida nación del Magreb no necesariamente representa un paso hacia la democracia, la paz y el desarrollo en Libia. Por lo pronto, el asesinato del gobernante es una expresión de barbarie y de hipocresía.