La intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el conflicto magisterial en Acapulco, Guerrero, a causa de la inseguridad que viven las comunidades escolares, lejos de ayudar, ha entorpecido el proceso, bajo la intención de deslegitimarlo y enviciarlo, consideraron docentes de la entidad. Sin embargo, dijeron, las demandas más urgentes de la base siguen sin cumplirse.

El vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), Román Meynardo López Pachuca, expresó que la intención de la cúpula del sindicato magisterial, encabezado por Elba Esther Gordillo, no ha sido coadyuvar a solucionar un conflicto social, a causa de la violencia que se vive en aquel estado, lo cual ha impactado en las condiciones de trabajo de los maestros.

El objetivo de la dirigencia del SNTE, apuntó, fue demostrar frente al gobierno estatal que ellos tienen el control de los trabajadores de la educación, razón por la que a fuerzas querían convencer a los maestros de avalar los documentos que el sindicato firmó con las autoridades locales.

Sin embargo, desde que el sindicato empezó a intervenir por medio del yerno de Gordillo y subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, buscó incrustarse en la negociación y hacer componendas al estilo de ellos, agregó.

La pretensión de inmiscuir a la dirigencia sindical era romper los acuerdos básicos que ya tenía el contingente movilizado, entre otros, la no injerencia de las direcciones sindicales, ya sea del SNTE o de la Ceteg.

Los institucionales trataron de convencer y también de cooptar a los inconformes. Incluso, se dice que un grupo compacto de secretarios generales recibieron una cantidad de 100 mil pesos y que la sección 14 del SNTE obtuvo 5 millones de pesos para comprar a líderes, jefes de sector, supervisores, etcétera.

Por ello es que la dirigencia sindical vino a trastocar, a entorpecer, a enviciar el proceso, lejos de preocuparse por la situación de inseguridad que viven los integrantes de las escuelas, lamentó.

Un maestro –quien pidió el anonimato por temor a represalias– que trabaja en un centro escolar de la periferia en Acapulco indicó que las amenazas de descuentos, del gobierno local y de la Secretaría Educación Pública estatal están muy fuertes.