La ausencia de un auténtico y equitativo sistema de pensiones tiene a millones de mexicanos ante una realidad de pobreza vigente o en ciernes.

Quienes adquirieron el derecho a la jubilación ya reciben –o deberán esperar, luego de una vida de trabajo– una exigua pensión que actualmente promedia entre dos y cuatro salarios mínimos.

Al mismo tiempo, un universo calculado entre 28 y 30 millones de trabajadores carecen de expectativas para pensionarse, pues sólo un tercio de los económicamente activos cotiza en alguna institución de seguridad social.

El resto, a falta de tal protección vive ya, o está condenado, a transcurrir su vejez en la pobreza y precisado de emplearse bajo cualquier condición y salario para simplemente sobrevivir.

Tan sombrío panorama no representa la antípoda de aquellos ya retirados o con posibilidades de serlo. Descontando a los altos burócratas (funcionarios) jubilados con elevadas pensiones, a los beneficiarios de las llamadas jubilaciones dinámicas (IMSS, CFE, Pemex) y a quienes forman parte de los llamados sistemas no reformados (estatales y universitarios, por ejemplo) los pensionados la pasan bastante mal.

En junio, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social (CAESS) reportó que en México las pensiones representan entre 25 y 30 por ciento del último salario previo a la jubilación y ubica al país dos o tres lugares antes del último entre las pensiones más exiguas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, los sistemas públicos de pensiones tienen un déficit de más de 150 por ciento del producto interno bruto, que gravita sobre las finanzas públicas, según un estudio reciente de la firma Lockton, Ernst & Young (EY) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Los especialistas en este intrincado tema divergen en cuanto a qué dar prioridad para evitar se cumpla el augurio de que hacia mediados de siglo México será, si no se actúa ya, un país de viejos pobres.

Las estimaciones demográficas vinculadas al universo laboral coinciden: para 2050 sólo 25 por ciento de los mayores de 60 años recibirá alguna pensión, en una población estimada de 30 millones en el rango de la tercera edad.

Así, mientras EY y el IMEF llaman a replantear el sistema público de pensiones y realizar reformas laborales y fiscales indispensables para las necesidades actuales y futuras, especialistas como Alejandro Villagómez, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguran: el problema es económico más que de regulación.

“Gran parte de quienes no reciben pensión se debe a que están en la informalidad. Se trata del mercado laboral; y es lo mismo frente a la queja de que las pensiones son muy pequeñas: es la economía, los bajos salarios. El dilema se ubica –insiste– en la cobertura”.

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) define que el sentido de un sistema de pensiones no es la adopción de tal o cual herramienta sino proporcionar estabilidad al bienestar de los ciudadanos.

Las reformas legales de 1997 para pasar de un sistema de pensiones de beneficio definido –con prestaciones generosas, una todavía elevada proporción de contribuyentes respecto al número de jubilados e importantes transferencias fiscales hacia las pensiones– a otro de contribución definida –cuentas individuales– si bien han quitado cierta presión a las finanzas públicas, están muy lejos de resolver el sentido de todo sistema de retiro: satisfacer las necesidades de seguridad y protección del ser humano.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue imputado desde su origen y hoy ese rechazo se mantiene bajo una verdad evidente: como está diseñado, sólo las Afore ganan.

Las proyecciones de actuarios como José Luis Salas Lizaur, de la UNAM, lo patentizan con estos resultados:

En los diferentes escenarios de carrera salarial y niveles de sueldo considerados, con un periodo de cotización de 30 años, la pensión del IMSS bajo la ley 1973 resulta ser de 54.3 por ciento del último salario integrado para sueldos iguales a 25 salarios mínimos y de 70.60 por ciento para salarios iguales a dos salarios mínimos.

Añade: En cambio, con la Ley del IMSS de 1997, bajo los mismos escenarios y años de cotización, el nivel de remplazo de las pensiones resulta ser de 11.7 por ciento para salarios iguales a 25 salarios mínimos y de 50 por ciento para salarios iguales a dos salarios mínimos (gracias a la pensión garantizada).

En el otro extremo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) defiende la pertinencia de las cuentas individuales en la urgencia que existía –ya en la década de los 90 del siglo pasado– de hacer transformaciones estructurales ante los cambios demográficos –disminución de número de trabajadores activos financiando las pensiones– y en el aumento de las expectativas de vida.

Esto último lleva a que el pago de pensiones por un mayor número de años y la disminución en el número de trabajadores activos ha hecho financieramente insostenibles los sistemas de reparto en todo el mundo, indica.

Asegura que con las reformas a la Ley del IMSS, se dio viabilidad al sistema de pensiones, pues mientras en 1943 había 26 trabajadores en activo por pensionado, en 2035 esa proporción será de dos a uno.

El problema está sin embargo en el funcionamiento del mercado de las Afore, el cual presenta serias irregularidades y fallas, indica el actuario Alejandro Turner Hurtado, uno de los autores del libro Temas relevantes y aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilación en México, editado en marzo pasado por EY y el IMEF.

Su estructura actual llevará, apunta, a que el trabajador no obtenga una pensión óptima, entre otras razones porque existe inelasticidad en la demanda en ese mercado, y a que por lo general no se acierta para elegirlas.

Esto último representaría más de 300 por ciento de diferencia en la pensión a recibir.

Y anticipa: con el actual sistema, las tasas de remplazo serán muy pequeñas, la mayor parte de los futuros pensionados bajo el nuevo régimen obtendrá sólo la pensión mínima garantizada y una escandalosa cantidad de trabajadores no tendrá ni siquiera acceso a ésta, debiendo conformarse con el retiro de las aportaciones, lo que provocará que no se cumpla el objetivo básico de un sistema público de pensiones.

Jorge Meléndez Barrón, ex director de Administración y Finanzas de la Afore Siglo XXI, resume: A partir de las reformas, los esquemas son de contribución definida; es decir, se establecen los términos en los cuales deben destinar al sistema el propio trabajador, su patrón y el gobierno federal, pero no hay una garantía de una pensión específica con base en alguna fórmula de la ley.

Y ubica el real sentido a la reforma: en parte, la reducción del costo del esquema de pensiones se obtuvo a costa de una menor tasa de remplazo promedio de las pensiones, es decir, la cuantía de ésta en el esquema reformado es menor que antes del cambio legal como proporción del salario con el que cotizaba el trabajador cuando estaba activo.

Además, y pese a las reformas recientes, las comisiones que cobran las Afore son muy elevadas, sobre todo ante la ausencia real de competitividad.

La Consar asegura que las reformas han dado sustentabilidad fiscal a los sistemas de pensiones, procurando siempre otorgar el mayor beneficio posible al trabajador.

Hoy, 97 por ciento de las cuentas individuales administradas por las Afore (42 millones en total) son de afiliados al IMSS, donde la mayor proporción –35 por ciento– son trabajadores de entre 27 y 36 años.

En contraste, 27 por ciento de quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) –y quienes merced a las reformas a su régimen jubilatorio en 2007 también pasaron al régimen de cuentas individuales– tienen entre 46 y 55 años.

Las Siefore (sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro administrados por una Afore) administran hoy mil 462 millones de pesos a valor de mercado; son el segundo intermediario financiero con 13 por ciento de activos netos del sistema, tienen activos netos que representan 21.46 por ciento del ahorro interno y participan con 28.53 por ciento del total en circulación del mercado de deuda privada.

Según la Consar, el actual sistema ha otorgado rendimientos competitivos de 13.29 por ciento nominal y 6.39 por ciento real en 14 años de existencia.

Pero los expertos insisten: si no se modifican las leyes de seguridad social (incrementando las aportaciones al seguro de vejez y retiro al menos 5 puntos del salario de cotización en el caso del IMSS) y no se desarrollan esquemas complementarios y sustitutivos del ahorro, México tendrá una significativa y creciente población de viejos en pobreza en un futuro cercano, anticipa Salas Lizaur.