La Cámara de Senadores solictó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un informe sobre las acciones que ha emprendido para sancionar a los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cometieron fraude al arrendar con sobreprecio cuatro buquetanques, lo que afectó el patrimonio de la paraestatal.

La mesa directiva del Senado solicitó formalmente la información a la SFP y el senador Tomás Torres, del PRD, autor de la propuesta, confió en que haya pronta respuesta de la dependencia, ya que, dijo, se requiere contar con datos veraces y oficiales sobre las acciones para combatir la corrupción en la paraestatal.

En entrevista, explicó que en la sesión del jueves pasado el pleno del Senado aprobó la petición que presentó desde el pasado primero de febrero, cuando se hizo público que la SFP sancionó administrativamente a 14 servidores públicos por manipular procesos de licitación y arrendar con sobreprecio cuatro buquestanques por cinco años, en operaciones que ascendieron a más de 23 millones de dólares.

De acuerdo con el resultado de las auditorías de SPF, los funcionarios, que pertenecían a las gerencias de Operaciones Marítimas y de Administración de Pemex, manipularon y pagaron contratos 18 por ciento por arriba del precio general en el mercado.

Explicó que, además de ello, solicitaron servicios sin que Pemex contara con suficiencia presupuestal ni con autorización multianual por parte de la Secretaría de Hacienda.

Los involucrados en ese megafraude fueron inhabilitados para desempeñar trabajos en el gobierno federal por 10 años y deberán pagar en conjunto casi 5 mil millones de pesos por multas.

Sin embargo, recalcó que esa sanción administrativa no es suficiente y el caso debe ser atendido con la seriedad y contundencia que amerita, ya que Pemex es un nido de deslealtades y de corrupción.

Agregó que la SFP debió formular denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, ya que ese fraude, lomismol que en el caso de quienes horadan ductos para robar petróleo o hidrocarburos procesados, se trata de conductas delictivas que atentan contra el patrimonio nacional.

En el dictamen aprobado por el pleno senatorial se pide a la SFP que informe qué acciones legales ha tomado al respecto. Se señala asimismo que la reforma energética de 2008, estableció mecanismos para mayor transparencia y operación de la gestión pública. Es importante que se apliquen en Pemex, la empresa más importante del país y de Latinoamérica, por la actividad económica que realiza y por la incidencia que tiene en el patrimonio nacional y el desarrollo del país.