as elecciones para consejeros realizadas ayer entre los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhibieron, de nueva cuenta, los añejos conflictos entre corrientes que imperan en ese instituto político. Los comicios fueron suspendidos en siete entidades (Zacatecas, Chiapas, Nuevo León, Campeche, Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal) entre señalamientos cruzados de los distintos grupos por reparto de despensas a cambio de votos, alteración de los listados, intromisiones del gobierno capitalino e intentos por descarrilar el proceso.

El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, impidió, al frente de sus simpatizantes, la distribución de la papelería electoral en el la capital, en Veracruz y en Oaxaca. En Durango se presentaron conatos de violencia, en tanto en la ciudad de México Izquierda Democrática Nacional (IDN), que preside Dolores Padierna, protagonizó una manifestación frente a las puertas del ayuntamiento para exigir que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, saque las manos de la elección.

Tales hechos remiten, inevitablemente, al desaseado proceso de renovación de la dirigencia perredista que tuvo lugar entre el 16 de marzo y el 12 de noviembre, y que culminó con la designación, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de Jesús Ortega Martínez como nuevo presidente nacional del partido. De entonces a la fecha el partido del sol azteca ha sido incapaz de subsanar las prácticas clientelares de sus diversas corrientes y de emanciparse de las burocracias incrustadas en su aparato institucional. Ello le ha impedido presentar a la sociedad un proyecto político coherente y proyectar una imagen atractiva al electorado, como quedó de manifiesto en los malos resultados obtenidos por esa formación política en los comicios de 2009. Con las gravísimas distorsiones que padece su estructura, el PRD no ha sido capaz de operar democráticamente en su vida interna.

A estas alturas, la organización fundada en 1989 por la más importante confluencia de las izquierdas nacionales no es capaz de ofrecer un funcionamiento institucional mínimamente correcto ni siquiera a sus propios militantes ni a los bastiones electorales tradicionales –el voto duro– de la izquierda.

Tal circunstancia es trágica para las causas y los movimientos sociales que dieron origen al partido del sol azteca, en la medida en que ese instituto político estaba llamado a ser la instancia democrática más importante para defender la soberanía nacional, propugnar la justicia social, impulsar una institucionalidad participativa y realmente representativa, rencauzar el manejo económico con un sentido social y promover y ampliar los derechos y libertades individuales y colectivos.

En momentos en que el avance del proyecto depredador neoliberal impone a la población niveles casi delirantes de desigualdad, pobreza, opresión, corrupción, atropello, violencia y sometimiento al extranjero, la ausencia de las dirigencias perredistas, ensimismadas en sus disputas internas y en el aprovechamiento de privilegios jerárquicos y de posiciones de poder alcanzadas mediante el sufragio, constituye una dolorosa y exasperante defección.

No debe perderse de vista, por otra parte, que tras las organizaciones y los movimientos que confluyeron en la fundación del PRD hay abundantes historias de entrega, sacrificio y sufrimiento, así como ejemplares gestas populares y ciudadanas, un capital histórico y humano que las tribus del sol azteca han venido dilapidando en forma progresiva y, al parecer, irreversible.

Por último, aunque no menos importante, la descomposición perredista –que es, a fin de cuentas, parte de un proceso más amplio de putrefacción que afecta al conjunto de las instituciones políticas del país– no sólo es negativa para el ámbito de la izquierda, sino para el conjunto de la vida republicana, en la medida en que socava al que debería ser el principal contrapeso legislativo y electoral a los partidos de la derecha, desdibuja un punto de referencia necesario para todo el espectro político y angosta los de por sí enrarecidos cauces de solución legal para las reivindicaciones sociales, las propuestas progresistas y los impulsos de cambio verdadero, tan necesario en México.