a migración indocumentada fue uno de los temas en el más reciente debate entre los siete precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. En sus intervenciones, los participantes expresaron quejas contra la administración del presidente Obama, por su falta de decisión para solucionar el problema de los indocumentados. Sin rubor alguno dijeron que el gobierno es incapaz de controlar las fronteras y expulsar a los indocumentados. Lo paradójico es que tampoco ninguno de ellos fue capaz de proponer una solución viable ni una reforma que resuelva el problema. Por supuesto, no mencionaron que durante años ellos y sus compañeros de partido en el Congreso han boicoteado la posibilidad de una reforma migratoria.

Fue lamentable que a uno de los precandidatos se le reclamara haber dado los mismos derechos a estudiantes indocumentados que a estadunidenses en el pago de colegiaturas en universidades públicas del estado donde gobierna. Igualmente lamentable fue la acusación a otro precandidato por haber contratado indocumentados para trabajos de jardinería en su residencia. De este intercambio de culpabilidades se puede deducir el nivel entre republicanos en torno a su concepto del respeto a los derechos más elementales de las personas.

Horas antes del debate, el funcionario responsable del área migratoria en la administración del presidente Obama declaraba que la oficina a su cargo había deportado a 400 mil indocumentados durante el año fiscal 2011, lo que representaba un logro sin precedente (sic). En un estudio realizado por la Universidad de California en Berkeley, se da cuenta de que buena parte de esas deportaciones se derivan de la aplicación del programa Comunidades Seguras, al amparo del cual la policía ha detenido a personas por delitos menores. Incluso, por error, se ha deportado a estadunidenses.

Hace poco se pensaba que la administración de Obama había endurecido su política migratoria para lograr un acuerdo con republicanos y discutir y aprobar una reforma migratoria que, entre otras cosas, regularizara la situación de los 11 o 12 millones de indocumentados. Por los resultados, y el poco esfuerzo que Presidente y demócratas han hecho por lograr ese acuerdo, es probable que, antes de aprobar una reforma, buena parte de los indocumentados habrán sido deportados.

En una de ésas el desenlace de todos estos desatinos, y considerando el éxodo de indocumentados en Alabama, será que las autoridades migratorias terminen por impedir su regreso a México para evitar que empresas en EU quiebren, como sarcásticamente se sugiere en un capítulo de la irreverente serie South Park.

En ocasiones la trivialidad es la mejor medicina para el pesimismo.

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