Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sostuvo que desde 2002, cuando la cámara alta ratificó la Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada de Personas pero fijó una reserva para que los militares que cometieron ese delito no fueran juzgados –en la llamada guerra sucia y en las matanzas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971–, “pelee porque se quitara el candado que daba impunidad a soldados y marinos. Incluso Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, interpuso una controversia ante la Corte, pero no prosperó”.

Ibarra de Piedra, también presidenta del Comité Eureka, recordó que en esa reserva que el PRI y el PAN en el Senado pusieron a la Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada se estipuló que dicho ordenamiento internacional tendría vigencia en el país sólo para las desapariciones ocurridas después de 2002, es decir, dieron impunidad a los militares responsables de desapariciones forzadas en el pasado.

En ese contexto, la defensora de los derechos humanos y luchadora social pregunta: ¿Por qué a estas alturas de su gobierno, cuando ya han transcurrido cinco años, ese señor que se dice presidente afirma ahora que está analizando si retira esa reserva? ¿Por qué al final de su sexenio y no al principio, cuando pudo haber hecho algo en favor de las personas desaparecidas?

La semana pasada, al dar respuesta a las preguntas que le formularon los grupos legislativos, el presidente Felipe Calderón respondió que, “en el caso de las desapariciones forzadas durante la guerra sucia y otras”, su gobierno analiza la posibilidad de retirar esa reserva para que se puedan investigar y sancionar los crímenes del pasado.

Ibarra de Piedra sostiene en entrevista: “No creo que haya voluntad política de Calderón para que se investiguen y castiguen las desapariciones forzadas ocurridas en Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Sonora durante la guerra sucia. No lo creo. No ha mostrado voluntad en estos años y, en todo caso, sabe que si retira esa reserva será juzgado por las desapariciones actuales. Además, por haber violado la Constitución al sacar el Ejército a las calles”.

Resaltó: “Creo que Calderón quiere evidenciar al PRI como el partido que se opone a investigar los crímenes del pasado, como estrategia electoral. Sí, los presidentes priístas, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Zedillo, son responsables, pero también los panistas Vicente Fox y Calderón.

Las desapariciones forzadas venían disminuyendo. Con Zedillo hubo el menor número, pero con Fox se retomó esa práctica. Ahora, con Calderón, se volvió a incrementar. Entonces, no puedo confiar ni creer que habrá justicia. Es sólo parte de la estrategia electoral para culpar el PRI de los crímenes del pasado. Sí, los presidentes de la República emanados del Revolucionario Institucional son responsables, pero también Vicente Fox y Felipe Calderón, insiste.

Desde el Senado, dice, volveré a dar la lucha para retirar esa reserva que da impunidad.